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Columnistas

Deuda en pesos: la oposición, contra el establishment que sostiene a Massa

Todavía se sentían los temblores que había producido el comunicado de Juntos por el Cambio advirtiendo por “tasas de interés imposibles de pagar” respecto de la deuda que toma el Gobierno hasta el final del mandato. Casi todos los técnicos de la oposición se desmarcaban de semejante afirmación -desde Pablo Gerchunoff hasta Carlos Melconian- y los referentes del oficialismo y alrededores -con Emmanuel Alvarez Agis a la cabeza- advertían sobre el intento de generar una crisis al instalar la idea de un eventual default después del 10 de diciembre.

En ese contexto, el jueves pasado Luciano Laspina -referente económico de Patricia Bullrich, una de las precandidatas presidenciales del PRO- habló para inversores internacionales invitado por la firma Max Capital. Lo llamativo no fue sólo que ante la pregunta concreta sobre el pago de la deuda en pesos él también pusiera matices y dijera “difficult question”. Tampoco que más adelante reconociera que la Argentina no tiene un problema de solvencia con sus obligaciones, ni que asegurara que se trata de una deuda “que continúa siendo baja en términos de PBI”, algo ausente en los pronunciamientos de la política.

La mayor sorpresa de quienes lo escucharon exponer en un inglés bien trabajado -según pudo reconstruir Diario Con Vos- fue que no sólo puntualizó en la responsabilidad del Ministerio de Economía sobre la posible herencia de la deuda en pesos que su espacio calificó de “bomba”. En reiteradas ocasiones puso énfasis en el rol de los empresarios locales en el armado de la transición.

Explicó: “Mientras en la oposición y en el establishment seguimos debatiendo si vamos por shock o por gradualismo, solo ese debate sostiene el funcionamiento del actual equilibrio; ésa es la tensión central con el Gobierno y con el establishment, porque para muchos jugadores locales el gradualismo garantizaría que la mayor parte de sus apuestas financieras no estarán en riesgo”.

Se trata de una versión más cruda de lo que ya le había dicho en una entrevista a Ezequiel Burgo en el diario Clarín. Ante cada vencimiento de los títulos del Tesoro, el Gobierno ofrece a los inversores del sector privado unos bonos que se actualizan según la evolución del dólar. En sus palabras, “se están otorgando seguros de cambio” porque “las empresas necesitan cubrirse cada vez más de un riesgo devaluatorio, con una brecha de 100%”. 

Es decir, la Casa Rosada consigue así postergar el pago de deuda que si se tuviera que cancelar ahora podría terminar presionando en la cotización de los dólares paralelos, y lo hace con instrumentos financieros que harían que el Estado pagara eventualmente más si hubiera una devaluación de la moneda en el futuro. Le conviene a la actual administración y deja tranquilos a los hombres de negocios.

Esto, para Laspina, ataría de pies y manos a quien gobierne después de Alberto Fernández porque lo obligaría a mantener en el tiempo el actual esquema de restricciones al acceso al dólar, con un tipo de cambio oficial más bajo y los paralelos al doble. Porque -dice- si levantara los controles y hubiera una devaluación, la deuda en pesos se volvería inmanejable.

“La brecha récord, la deuda local y la deuda del BCRA solo se pueden sostener si continúa el marco actual de control de capitales -el cepo-; por eso los jugadores locales querrían gradualismo en vez de shock en la próxima administración”, apuntó otra vez sobre los empresarios. Y luego aseguró: “El debate es muy importante porque la naturaleza de la transición económica va a delinear la estrategia de la próxima administración”. 

El economista y aún legislador de JxC había sido presentado como posible integrante del equipo económico de Bulirch, a quienes los organizadores señalaron con muchas chances de ser la próxima presidenta de la Argentina. Laspina la describió como una “strong woman”. Al ser consultado para esta nota sobre ese foco en los empresarios en la actual transición, aseguró que para él son víctimas. “El modelo K es el problema, no los empresarios”, remató.

Como sea, hay una frase que publicó Francisco Jueguen en el diario La Nación atribuida a fuentes en off del Palacio de Hacienda que puede ayudar a entender que la discusión entre el Gobierno y la oposición por la deuda y la herencia incluye sí o sí a los representantes del sector privado. “La oposición va a tener que hacer equilibrio entre la política y la plata”, le dijeron a Jueguen desde el entorno de Sergio Massa. 

Todo se podría ejemplificar con nombres y apellidos. Imaginate que hoy los principales acreedores que le tienen que refinanciar la deuda al gobierno pudieran incluir bancos, con el Macro de la familia Brito a la cabeza, o las tesorerías de grandes compañías, como Techint de Paolo Rocca o Pampa Energía, de Marcelo Mindlin

Marcelo Mindlin, Paolo Rocca y Jorge Brito Jr. (izq a der)

El primero tiene una histórica llegada a Massa, que era íntimo amigo del fallecido papá del actual presidente de la entidad, Jorge Brito Jr. Los segundos son aliados centrales en el desarrollo de Vaca Muerta, constructores del Gasoducto Néstor Kirchner y principales interesados en que haya una planta de licuefacción de gas para exportar el fluido a Europa. Si ellos fueran “el establishment” al que apuntara Laspina, ¿qué intereses tendrían en la transición? Si alguien les estuviera poniendo en riesgo sus finanzas al afectar la deuda en pesos, ¿a quién ayudarían en el largo camino de la financiación de la campaña electoral?

Massa, la licuadora y “el nerd”

Massa, que sorprendió en recientes encuentros con fondos de inversión porque se está largando a hablar en inglés más fluido y ya no recurre al traductor, da la impresión de que se empieza a sentir con más apoyo en su histórico vínculo justamente con estos los ejecutivos y financistas, mientras se enciende esa licuadora de apoyos que es es el Frente de Todos. 

En un universo donde el Presidente dice que lo importante es que habla con él mismo todos los días como forma de no responder por qué no puede rajar a un ministro que lo desafía y maltrata en público; en una administración donde un jefe de Gabinete llega como Juan Volumen Político y al año y medio se va sin que a nadie le importe; es obvio que hay una cuenta regresiva que podría estar activándose en cualquier momento sobre el propio líder del Frente Renovador, en caso de que no muestre resultados. Es cierto, tiene para jugar la carta de “si me voy vuela todo”. Y no es poco.

Pero si algo expresa de lo que piensan Cristina y Máximo Kirchner, hay que leer lo que escribió el periodista Horacio Verbitsky con sorna el domingo pasado en El Cohete a la Luna sobre el “éxito” de Massa que “bajó la inflación del 4,9% al 5,1%”. “Se parece a Macri, que bajó la inflación al doble”, se mofó. Basta recordar que en ese sitio aparecieron -cuando todavía no pasaba nada- las primeras críticas a la formación y el enfoque del ahora ex ministro Martín Guzmán.

No hay que ser Nostradamus para anticipar el mood del kirchnerismo-sommelier-de-la-gestión-propia cuando salga esta semana el Índice de Precios al Consumidor de enero, que se anticipa como otra muy mala noticia que obliga a archivar el sueño de que “la inflación empiece con 3 en abril”. ¿Quién lo habrá asesorado a Massa para que se colgara ese collar de melones en un país como el nuestro? La primera semana de febrero, a su vez, ya viene con un incremento del 1,8% en alimentos según el relevamiento de la firma LCG, que incluye saltos del 4% en carnes, frutas y aceites. 

Otro acuerdo. Sergio Massa y Jaime Perczyk en el anuncio del tope para el aumento de las cuotas de los colegios privados.

Encima es increíble cómo después de un mega lanzamiento de Precios Justos con la pauta del 3,2% como regla general desinfladora para 50.000 productos, se empezó a demorar la puesta en marcha en las góndolas de los supermercados porque los proveedores estaban “negociando excepciones” en la Secretaría de Comercio. Finalmente, hubo más de 500 productos con un 9% de incremento. Entre ellas, las bebidas alcohólicas luego de que las bodegas plantearan costos más altos por las heladas. 

El nuevo nombre de referencia para el tablero de seguimiento que armó el Gobierno es el de Gustavo Faskowicz. Entre los gerentes ya lo apodan “el nerd”, por ser uno de los que están detrás del portal que elaboraron Arsat con soporte de Amazon Web Services como búsqueda más tecnológica para el control de precios. Reemplaza en la subsecretaría de Políticas para el Mercado Interno a Anastasia Daicich, que ahora pasó al Observatorio de Precios. Faskowicz había sido Director General de Tecnología de la Información en la gestión de Matías Kulfas en el Ministerio de Desarrollo Productivo y antes ocupó cargos informáticos en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

“¿Qué pensás de cómo está PJ?”, me preguntó un ejecutivo de una multinacional en un intercambio esta semana. Primero pensé que se refería al Partido Justicialista. No sé. Estaba muy imbuido en el tema de la transición política marcada por los temblores financieros, y el comunicado de la oposición. Me parecía raro igual. En un rapto de actualidad por un segundo lo asocié con Pablo Javkin, el intendente de Rosario, en medio de la escalada de violencia narco que además había desatado cruces del ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, con el gobernador Omar Perotti que había tenido que poner su cuarto funcionario del área mientras el drama se esparce por todo el país. Pero no, era una pregunta puntual sobre Precios Justos. Qué gil.

Tal vez, sea una muestra de cómo la inestabilidad crónica y los mil modos de convivir con ella nos complican para avanzar con los temas grosos de fondo. Esta semana, para terminar, visité el Centro de Protonterapia que la Universidad de Buenos Aires, la Comisión Nacional de Energía Atómica y el Invap están levantando en el barrio de Agronomía, frente al Hospital Oncológico Julio Roffo. 

Vos pasás por la puerta y no hay ni un cartel. Pero se trata de una inversión de 150 millones de dólares, que se anunció en el gobierno de Cristina, se trabó primero y arrancó al final de la administración de Mauricio Macri y después de idas y vueltas está acelerando en su construcción este año. 

Se trata de un complejo de vanguardia para tratar distintos tipos de cáncer en lugares de difícil acceso en el cuerpo y también para atender a pacientes oncológicos pediátricos, porque este tratamiento permite llegar con precisión a los tumores casi sin dañar los tejidos sanos. Será el primer centro de su tipo de América latina. Cuando esté a pleno lo van a poder usar cerca de 1000 pacientes por día.

Los funcionarios que con pasión y bajos sueldos lo llevan adelante cuentan que no pudieron viajar en 2022 a capacitarse a Barcelona, donde funciona un lugar similar. Las aprobaciones de los papeles para hacerlo quedaron sin firmar en las caóticas semanas de crisis y recambio de ministros de Economía, luego de problemas con la deuda en pesos y tras una disparada de los dólares paralelos.

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