A partir del 1 de abril, el Ministerio de Economía reducirá un 20% la dotación del personal. Lo ordenó el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, sobre el final de la semana. Se trata de un recorte de unas 400 personas que dejarán de trabajar en áreas como las secretarías de Comercio, Industria y Economía del Conocimiento, entre otras, en un recorte adicional a los más de 150 contratos que no se renovaron a comienzos de año.
La medida es una más en medio de una ola de despidos y cierre de dependencias del sector público que el Gobierno define como parte de la “motosierra” que aplica para achicar el gasto público.
En paralelo, las partidas presupuestarias sufren la “licuadora”, es decir, el incremento nominal por debajo de la inflación, algo de lo que no se salva ningún renglón, por esencial que sea, según se ve en el último informe de la Oficina del Presupuesto del Congreso (OPC).
En el primer bimestre, las erogaciones de la seguridad social cayeron 34,9% en términos reales respecto de un año atrás. Programas sociales como el Potenciar Trabajo perdieron 68% e incluso la inversión en la Tarjeta Alimentar, que tuvo una promocionada mejora del 100% al asumir esta administración, quedó 3,3% abajo.
La estrategia le parece demasiado brutal hasta al Fondo Monetario Internacional (FMI), que no para de pedir por todos lados que el ordenamiento de las cuentas públicas no caiga más sobre las familias y los trabajadores. Lo habían escrito en un comunicado hace un mes. Lo dijo su número dos Gita Gopinath al pasar por el país hace diez días. Lo repitió esta semana la vocera Julie Kozack. Digamos, o sea.
Lo impresionante del ajuste fiscal se combina además con otras decisiones oficiales que ya sea en busca de un “cambio cultural”, por motivos ideológicos o en haras de “luchar contra la casta” pueden redoblar el impacto que sólo la política económica en curso ya tendría sobre distintos sectores de la población.
Por ejemplo, mientras se aplique la fórmula vigente de movilidad jubilatoria, sólo el pago generalizado de bonos puede ayudar a que no haya una masacre aún peor en el poder adquisitivo a la que está habiendo, pero el Gobierno se prepara para limitar al mínimo posible esas compensaciones.
La Casa Rosada ya empezó a estigmatizar a los jubilados sin aportes (3,5 millones de personas). Son una “afrenta moral” para los que sí cumplieron los requisitos para tener la pensión (1,8 millones), dijo el presidente Javier Milei en el Congreso. Lo que viene es dejarlo por fuera del pago de bonos para morigerar el derrumbe. Y de paso sugerir que se lo merecen. Así de cruel.
En un par de semanas, además, vence el convenio que dejó la gestión anterior del PAMI con los laboratorios para que haya medicamentos gratis para los afiliados a la obra social de los jubilados.
Los remedios en este momento están entre los productos que más subieron al punto que hasta el ex ministro de Economía, Domingo Cavallo, se quejó en público. ¿Lo van a reducir y sumarle otro gasto extra al sector más golpeado en este proceso?
Una fuente ligada a las negociaciones en marcha -el acuerdo se extingue a fin de mes- asegura: “Es necesario que haya cambios para evitar conductas sobre consumistas de medicamentos que además son insostenibles para quienes lo financian”.
En plena disparada de la pobreza y la indigencia, y mientras se achican las partidas de asistencia más básicas, el Ministerio de Capital Humano lanzó también un proceso de revisión sobre el envío de mercadería a comedores.
“No nos mandó un papel”, desacreditan en la Casa Rosada a Margarita Barrientos, del comedor Los Piletones y siempre cercana a Mauricio Macri, que viene advirtiendo por la interrupción en la asistencia estatal.
Lo cierto es que hace casi un mes que renunciaron Pablo Rodrigué y Agustín Sánchez Orondo en el área correspondiente a la atención comunitaria y nunca fueron reemplazados. A propósito, la vacancia de funcionarios en puestos clave se repite en toda la administración y es para otra nota.
De abril en adelante, por otra parte, empezarán a impactar en las facturas de luz y gas los aumentos que le permitan al Gobierno eliminar todos los subsidios para que los hogares paguen el precio pleno de la generación de la energía. Es posible que muchas boletas directamente se tripliquen, pero también que muchas otras se multipliquen hasta por ocho o por diez.
Es que además del “sinceramiento” de precios, habrá una modificación en la forma de asignar esa asistencia con la puesta en marcha del método de la “canasta básica energética”: se calculará cuánto es un consumo teórico de luz y gas mensualizado por hogar según la cantidad de convivientes y la zona geográfica.
Ese consumo energético será valorizado en pesos según las tarifas vigentes y se comparará con los ingresos de la familia que se presumirá por información disponible pública. Si el gasto teórico de energía superase un determinado porcentaje de los ingresos también estimados sobre bases de datos de todo tipo, el hogar se considerará beneficiario del subsidio. De lo contrario, pago pleno.
Mariela Beljanski es la subsecretaria de Planeamiento Energético que trabaja con el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo. Dejó en claro en la audiencia pública para fijar el precio del gas que además de buscar transparentar y reducir subsidios y tarifas, el objetivo será cambiar de raíz los hábitos de consumo de décadas de energía barata.
Según la funcionaria, la canasta de consumo energético se volvió "infinitamente grande" en las familias. "El subsidio alcanzó los consumos indispensables pero también a los suntuosos o no eficientes o no responsables", asegura. “Eso debe cambiar de raíz”, subraya. En pleno ajuste con recesión, llegó la hora de modificar hábitos. O pagar un costo extra.
Presidente vs. jubilada
Con el jefe de Estado a la cabeza, el Gobierno está convencido de que hay una base de apoyo social para resistir este paquete de medidas que están provocando una caída de la actividad y una pérdida de poder adquisitivo de los ingresos tan abrupta como nunca se vio en democracia, según compara Marina Dal Poggetto, de la consultora EcoGo.
El corazón de todo es la explicación que construyó el Presidente en torno a la idea de casta, un mecanismo que se vio en todo su esplendor en el discurso en el Congreso el 1 de marzo.
Con el señalamiento a toda la política corrupta (que no esté en el Gobierno, claro) como responsable de la herencia y de los sacrificios para enfrentarla se crea un clima que por ahora rinde sus frutos.
No se vive nada parecido a un caos como el que presupondrían tres meses de inflación récord desde 1991, licuación de ingresos y deterioro brusco de indicadores sociales. El espejo retrovisor de gestiones que sólo fueron empeorando la calidad de vida en slow motion también amortigua el rechazo al dolor de una operación sin anestesia.
Sin embargo, como si los cerebros de la comunicación de La Libertad Avanza detectaran que hay problemas, en la última semana apareció la apelación a un anabólico para el discurso anticasta que puede tornar a Milei en un sujeto más peligroso de lo que parece: la generación de odio contra ciudadanos comunes directamente apuntados desde la cumbre del poder.
El caso de una señora que supo ser maestra de grado cuando el Presidente era alumno en el Instituo Cardenal Copello realmente eriza la piel. Hoy jubilada, osó hablar con periodistas a la entrada de la escuela en la que se iba a realizar el acto oficial por el inicio del ciclo lectivo. Dijo lo obvio cuando le preguntaron por las medidas del Gobierno: “Esperemos que sean buenas para todos. Soy jubilada y muy bien no estoy. Estamos esperando que nos mejore la jubilación, que no nos apriete tanto con los ajustes que están haciendo”.
Pero como había dicho que había sido maestra del Presidente en cuarto grado pero en realidad había dado clases en el curso “B” cuando Milei había ido al “A”, el primer mandatario no tardó en responder. “Desenmascarando a una farsante y mentirosa”, escribió en la red X. Y después le dedicó otro posteo en el que le puso “embustera” y “robacámara”, desatando una ola de agresiones de sus seguidores, como es habitual.
En la misma jornada, al hablar frente a alumnos de ese secundario, había hecho otro gesto de autoritarismo que no se entiende cómo no fue un escándalo más grande. Habló de un supuesto maltrato a un asesor suyo de parte de un profesor de una universidad privada, la Universidad de Belgrano. Como si nada, le pidió públicamente a una ministra y un secretario suyos que intervengan en la cuestión. Al poco tiempo, el periodista Ernesto Ise publicó en PERFIL que esa profesora ya no estaba en el staff de la casa de altos estudios, que sin embargo no especificó los motivos y la fecha de la remoción.
El dedo apuntador de la máxima autoridad del país contra una jubilada o un profesor universitario es la evolución de la catarata de agresiones públicas a artistas, diputados, senadores o gobernadores, ya sea de forma directa en entrevistas o validando agravios de terceros en redes sociales que tras un like se multiplican hasta el infinito.
Esta semana, además, la Policía Federal detuvo a una persona por amenazar de muerte al Presidente en redes sociales. En el comunicado oficial se expresó que “tenía ideas cercanas a las de la ex Unión Soviética”.
Sí sonaba a joda que Milei le pusiera “riesgo comunista” a todo, se ve que quedó. Esa misma tarde, además, había taladrado a los chicos del Copello con que tuvo un profesor “zurdo” al que le hubiera gustado gritarle “comunista”, en un mensaje horrible para cualquiera que se asoma a la discusión pública: al que piensa distinto, ponele una etiqueta, segregar, odialo y eventualmente, preso.
Consejo para la próxima charla en una secundaria, Javo: deciles que estudien mucho y que le den bola a la programación porque afuera el mercado laboral está difícil.
