- Che, ¿qué hay para anunciar, algo que sacuda un poco la monotonía?
- Está para inaugurar el techo de una estación de tren de La Plata.
- Uh re, vamos. ¿Algo más?
- Se podría rendir homenaje a Ginés González García por sus aportes a la salud pública, más allá de que alguno se acuerde que lo echaste por vacunar amigos sin turno por izquierda.
- Es un poco jugado. Tenés razón, re va.
- Bueno, si te parece vamos saliendo para el acto en la estación, entonces.
- Dale, bancame que antes meto un tuit de respaldo a Cristina Kirchner que recién dijo sus últimas palabras por la causa de Vialidad, antes del veredicto.
Está claro que estos diálogos son ficcionados, pero para nada lo está la agenda del presidente Alberto Fernández cuando arranca su último año de mandato.
Un acto para una obra bastante módica como para requerir la presencia del jefe de Estado. Un reconocimiento a un colaborador suyo que él mismo rajó por inocular de forma privilegiada a sus allegados en momentos donde se moría gente por Covid. Un apoyo a la líder del espacio que lo ha ninguneado una y mil veces justo en un tema muy delicado: el beneficio de amigos de la familia Kirchner con el manejo de la obra pública durante su administración.
Lo loco es que Fernández es el único que en el oficialismo ha dicho que quiere ser candidato e ir por la reelección el año que viene, y al mismo tiempo parece embarcado en hacer todo lo posible para perder lo que pudiera quedarle de adhesión. Si no, que alguien explique también por ejemplo la tapa que protagonizó en la revista Caras hace unos días de su pareja, Fabiola Yáñez, con aires de realeza en medio de esta malaria.
¿Hay necesidad? Pareciera que hasta conspira para que caiga en saco roto cualquier micro éxito que pudiera conseguir el ministro de Economía, que hace malabarismos para intentar a tres bandas no devaluar, conseguir dólares para que la economía siga funcionando y lograr estabilizar los precios. Un minuto a minuto para postergar una posible recesión con alta inflación mientras la Selección avanza en Qatar y ofrece por un ratito de que se hable de otra cosa.
En la última semana, Sergio Massa se exasperó cuando vio que el dólar soja, es decir, beneficios para el campo para que liquiden divisas, no se traducía en que los grandes agroexportadores le pagaran mejor precio a los productores. Por eso en un evento del sector reveló que le había pedido a “una empresa” que saliera a “romper el mercado” con un precio mejor. Los amarretes habían sido Molinos Agro y Bunge. El supuesto interventor a manos del Estado habría sido la semillera Syngenta. Su CEO, Antonio Aracre, que a fin de mes deja la empresa y está cerca del albertismo, tuvo que salir a aclarar que él había propuesto hacer esa jugada para ganar mercado y no que se lo había pedido un Massa habituado a mostrarse como el hacedor de todo.
Syngenta tiene apenas un 5% de participación en la exportación de granos de soja, que usa mayormente para canje por insumos. Por eso otros operadores creen que en realidad quien jugó a favor del Gobierno fue otra compañía más grande y que el referente de la firma china sólo fue quien se hizo cargo de la movida para dejar mejor parado al jefe del Palacio de Hacienda, que se fue de boca tan abrazado a su alianza con el sector sojero más concentrado.
En otra particularidad de esta coalición gobernante, todo esto sucede mientras hace dos semanas el diputado Máximo Kirchner saludó al pueblo de Gualeguaychú por haber prohibido el glifosato. “Eso es cuidar la salud, es también política pública”, les había celebrado, mientras depende como nunca de este modelo productivo.
La ansiedad es un defecto de estos meses de massanomics. En la reunión del G20, el ministro había también anunciado unos US$5000 millones de libre disponibilidad de parte de un acuerdo de monedas con China, pero todavía no se concretó. Todavía están tratando de conseguir el OK del gigante asiático.
La necesidad de lograr un colchón de divisas para tratar de bajar la brecha entre el dólar oficial y los paralelos y evitar que crezcan los parates de fábricas por falta de insumos apuran a cualquiera. A propósito, ya hay tratativas con el futuro gobierno de Lula para tratar de cerrar algún tipo de asistencia financiera desde Brasil. Stay tunned.
Cede la inflación
El equipo económico, en tanto, se refriega los ojos por la evolución de la inflación en noviembre. Desestiman las quejas por el alcance disímil y lento del programa Precios Justos -con 2000 productos de los que la mitad son de marca de los súper- porque consideran que han tenido éxito con la pauta del 4% de crecimiento para el resto de los bienes de consumo popular.
En la Secretaría de Comercio ya vaticinaban un 5,5% para golpearse el pecho. La consultora LCG, ligada a Martín Lousteau, ampara ese optimismo. Su medición semanal de alimentos cerró el viernes con una marca de 0,3%, el número más bajo desde abril. En la consultora Eco Go que lidera Marina Dal Poggetto aseguran que venían relevando precios todavía a un ritmo del 6% pero que la última semana hubo una desaceleración.
Ni a palos igualmente hay quien se anime a confirmar que la Argentina se aleje del horizonte de tres dígitos de costo de vida, sobre todo porque nos acercamos al bimestre diciembre-enero que es históricamente caliente en materia de remarcaciones. Pero siempre es mejor cualquier indicio de no espiralización, aunque cuando ves que hay tarifas pisadas y se llenan las zonas bajas de preguntas sobre el futuro.
Paul Krugman se está preguntando en Estados Unidos “cuándo podremos cantar victoria frente a la inflación”, y asegura en su último artículo en The New York Times que ese escenario “está cerca” y argumenta que la Reserva Federal no debe apurarse en ir a su target del 2%, porque podría causar mucho dolor con subas de tasas que enfríen demasiado la economía. Dice que debería buscar bajarla al 4%. Otro mundo respecto de nosotros, pero aunque sea hay que tomar nota si se empieza a pinchar la inflación global.
Acá, está claro, con paritarias de hasta 130% y pronósticos de aumentos del 100% para 2023, apenas estamos tratando de achicar el tamaño de las llamas para poder respirar un poco. Si ocurre, bienvenido sea. En eso no sólo se juega el intento de sobrevida electoral del Frente de Todos, que es un tema partidario, ahí está atada la suerte de los ingresos de quienes no tienen representación sindical, y por ende, de la paz en las calles.
La lupa del ajuste
A propósito, habría que ver quién tuvo la idea de abrir un frente de batalla con las organizaciones sociales por supuestas irregularidades en el cobro de ayudas estatales, que además no implicaría delitos, sino incompatibilidades como que quien recibió asistencia no puede tener una moto o pagar Netflix o comprar un puñado de dólares para ganarse unos mangos.
Porque el conflicto que hizo que incluso agrupaciones cercanas al gobierno se movilizaran el viernes se da en el momento de menor poder de compra de las subvenciones para los más pobres. El Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana publicó un documento titulado “Perspectivas Negativas para las Familias con Programas Sociales”.
El dato relevante es que si se suman un Potenciar Trabajo ($28.950), con la AUH para dos hijos ($13.553) y una Tarjeta Alimentar también para dos hijos ($13.500) ahora en noviembre alcanzaría para cubrir menos del 84% de una canasta básica alimentaria que se toma para la línea de indigencia. Acorde con los incrementos previstos en el salario mínimo vital y móvil que se usa de referencia para los programas sociales, alcanzaría para un 92% en diciembre y bajaría al 88,1% en enero. En junio, esa combinación compraba más del 100%.
A todo esto, pocas veces se vio semejante direccionamiento chanta de la discusión pública. Se están emitiendo por segunda vez más de $300 mil millones para pagarle un dólar especial al campo, que tiene ingresos dolarizados. Se acaba de refrendar en el presupuesto 2023 un gasto tributario de más de $500 mil millones para un régimen de promoción industrial como el de Tierra del Fuego, con un puñado de empresas que dan 11 mil empleos. Pero la lupa se enfoca en las 250 mil personas que están en la lona para ver si se puede recortar unos $7 mil millones.
