Esta semana la Corte Suprema de Justicia decidió que se vuelva a juzgar a un intendente de La Pampa por el delito de trata de personas. Se trata de Jorge Cabak, quien firmaba “libretas sanitarias” y daba un manto de legalidad a la explotación sexual de varias mujeres, muchas de ellas menores y migrantes.
Jorge Cabak había conseguido evadir el peso de la Ley en 2018, cuando lo absolvió el Tribunal Oral Federal de Santa Rosa integrado por los jueces Pablo Díaz Lacava, Marcos Aguerrido y José Mario Triputti. Para ello, los magistrados argumentaron que se había perdido una serie de pruebas clave: 36 casettes de escuchas que probaban los vínculos entre el intendente de la localidad pampeana de Macachín y un comisario para encubrir y permitir el funcionamiento de la red de trata.
Sin embargo, en 2019, los fiscales Leonel Gómez Barbella, de Santa Rosa, y Marcelo Colombo, de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas de Argentina (PROTEX), apelaron la decisión del Tribunal. En diciembre, la Cámara de Casación les dio la razón, anuló la absolución del intendente y apartó al Tribunal Oral de Santa Rosa para que la causa vuelva a origen y se haga un nuevo juicio.
Ahora bien, la defensa de los imputados apeló y el caso llegó a la Corte Suprema, la cual finalmente rechazó este martes el recurso y le dio luz verde a la realización de un nuevo juicio contra el intendente Cabak y los otros seis imputados.
Durante el primer juicio, el fiscal Gómez Barbella había pedido seis años de cárcel e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra el funcionario por considerarlo partícipe necesario del delito de trata de personas. La misma pena la pidió para el comisario Hugo Iglesias, cómplice del jefe comunal en la explotación sexual de varias mujeres.
Entre los demás acusados también hay personas relacionadas con el poder político. Los dueños del prostíbulo son Luis Daniel de Luca y el exconcejal de Macachín Esmundo “Dito” Blas, para quienes el fiscal pidió una condena de siete años. Para los otros acusados, Barbella pidió cinco años de cárcel. Se trata de Leandro Otero, transportista del mismo Municipio, Maximiliano de Luca, hijo del dueño del centro clandestino, y Oscar Moya, un remisero local.
Cómo funcionaba el prostíbulo y cuál era el rol de Cabak
El prostíbulo donde los acusados explotaban sexualmente a varias mujeres funcionaba en Macachín desde 2011 y se llamaba “La Chicho Show”. Como es habitual, el lugar utilizaba la fachada de una whiskería pero en realidad contaba con varias habitaciones donde se hacían los llamados “pases”, el momento en que los hombres pagan por abusar sexualmente de las mujeres prostituidas. Además, se sospecha que el local está vinculado con otro prostíbulo de la provincia de Buenos Aires.
El funcionamiento del centro de explotación era tal que en 2017 Susana Trimarco llegó hasta allí para buscar algún rastro de su hija desaparecida por las redes de trata, Marita Verón. En ese entonces, se realizaron excavaciones en busca de sus restos sin obtener resultados.
Las mujeres traficadas rotaban entre varios boliches y entre ellas había menores de edad.
La investigación, en tanto, se originó con una denuncia ante la Brigada de Investigaciones Unidad Regional 1, cuando una persona de identidad protegida denunció que había conocido a una mujer dominicana que era explotada en el lugar. De la denuncia surgió, también, que las mujeres traficadas rotaban entre varios boliches y que entre ellas había menores de edad, según precisó el Ministerio Público Fiscal.
De este modo, los investigadores pidieron intervenciones telefónicas y durante las escuchas comprobaron que en Chicho Show funcionaba efectivamente un prostíbulo, bajo la protección del comisario Iglesias y del intendente Cabak. Según lo descubierto, el funcionario firmó 101 “libretas sanitarias”, el documento que históricamente se asignó a las mujeres explotadas sexualmente para registrarlas y garantizar buenas condiciones de salud a los varones que las consumían.
Asimismo, Cabak jamás revocó la habilitación del local y tampoco vetó un artículo de una ordenanza municipal que facilitaba la actividad de los tratantes. También se supo que “se comunicaba asiduamente con el comisario Iglesias, ya que éste le avisaba cada vez que fichaba a una mujer, para que ésta prosiguiera el trámite en la municipalidad”, detalló el MPF.
"En los dormitorios se realizaban los pases, cobrándolos las chicas, quienes llevaban la plata hasta la barra y el encargado era quien controlaba el tiempo tocándoles un timbre de acuerdo al tiempo pagado", precisó un testigo de la causa. Durante el allanamiento, la policía encontró una gran cantidad de preservativos y la comunicación del local con cuatro habitaciones con camas matrimoniales y luces rojas.
Apenas llegadas, se les decía a las mujeres que debían saldar deudas por los pasajes, el alojamiento y los elementos de subsistencia.
Por otro lado, se probó que las explotadas provenían no sólo de diferentes partes de Argentina sino también de otros países, mayormente República Dominicana y Paraguay. La condición de migrante es habitual entre las víctimas de trata al igual que la necesidad económica y la procedencia de entornos violentos, todos factores que generan vulnerabilidad.
Además, como también es típico en situaciones de prostitución, las mujeres eran retenidas en el circuito de explotación a través de deudas. Apenas llegadas, se les decía que debían saldar los gastos de los pasajes, el alojamiento y los elementos de subsistencia, tales como alimentos y productos de higiene. También se supo que vivían en el mismo lugar donde se las explotaba.
A pesar de su escandalosa implicancia en el caso, Jorge Cabak fue electo intendente de la localidad dos veces más, habiendo gobernado el municipio desde 2003 hasta que este año finalmente perdió contra un candidato opositor. Como si esto fuera poco, es el segundo intendente pampeano procesado por trata de personas, dado que en junio de 2017 la Justicia condenó a Luis Rogers por el mismo delito.
