La Justicia Federal de Tucumán imputó a dos dirigentes sindicales por encubrimiento del caso Marita Verón, quien desapareció en 2002 cuando tenía tan solo 22 años. Se trata de los titulares de la Asociación del Personal Jerárquico del Agua y la Energía (Apjae) nacional, Norberto Manzano, y su par de Tucumán, Carlos Alberto Rojas.
A ambos los citaron a declarar y, si bien prefirieron guardar silencio, sí presentaron un escrito. Aun así, a Manzano y a Rojas los procesaron por "delito de encubrimiento", dado que ambos contaban con documentación que permitiría conocer el destino final de Marita Verón y no la aportaron a la Justicia.
Al parecer, los dirigentes tenían en sus manos una carpeta que contenía fotos del cuerpo de Marita. Susana Trimarco, la madre de Marita, había convocado el pasado 9 de agosto a una conferencia de prensa para informar sobre las nuevas pruebas.
En dicha ocasión, Trimarco y sus abogados José D'Antona y Carlos Garmendia, señalaron que las pruebas que se fueron recolectando en la investigación permiten asegurar que la carpeta con las fotos "existe o ha existido". Serían diez las personas que revelaron la información y confirmaron que "Luz y Fuerza y otros gremios pequeños están involucrados".
De acuerdo con Garmendia, "en marzo de este año tuvo lugar una reunión de Apjae a nivel nacional en Tucumán, en la que Manzano dijo que tenía en su poder una carpeta con documentación y fotos de Marita muerta. De acuerdo con lo que se ve en una de esas fotos, el cuerpo habría estado en la sede del gremio de Luz y Fuerza de la provincia, y en otra, se lo puede ver en la clínica Luz Médica".
Según el abogado, Manzano contó que "la documentación había llegado a sus manos a través de Rojas, quien se la había sacado anteriormente a Julio Luna, en ese entonces titular de Luz y Fuerza de Tucumán. Manzano utilizaba la carpeta en contra de Luna en una puja por los afiliados"
El caso Marita Verón
Marita Verón tenía 22 años cuando la raptaron desde un automóvil el 3 de abril de 2002 en la ciudad de San Miguel de Tucumán.
Las investigaciones que encaró Trimarco permitieron a la Justicia arribar a la conclusión de que Marita había sido captada por una red de trata de personas que operaba en La Rioja para ser explotada sexualmente.
El 16 de agosto el Ministerio de Seguridad estableció una recompensa de cinco millones de pesos para quien aporte datos que permitan dar con el paradero de Marita.
"Quienes cuenten con información podrán comunicarse telefónicamente con el Programa Nacional de Recompensas dependiente de la cartera de seguridad, llamando a la línea gratuita 134 que garantiza la preservación de la identidad del aportante", indicó la resolución publicada en el Boletín Oficial.
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