Carlos Menem privatizó YPF y hasta le sacó la acción que le permitía intervenir al Estado. Néstor Kirchner, que lo había apoyado, le regaló más tarde un pedazo a un grupo empresario cercano, que la vació para pagar la operación. Cristina Fernández la expropió luego con apoyo de muchos de los que ahora integran la oposición, pero dejó abierta la puerta para que los accionistas más chicos, entre ellos los que había metido su esposo, la demandaran por miles de millones de dólares en la justicia de Estados Unidos.
Ahora, mientras la petrolera estatal encabeza desde hace una década la explotación de Vaca Muerta, un yacimiento no convencional que promete devolver al país el autoabastecimiento energético, se confirmó la peor noticia: habrá que pagar unos US$ 16 mil millones en algún momento, tras una sentencia que puede poner en jaque ese sueño, si es que antes la propia política argentina vano lo hace de nuevo: en la carrera electoral está primero Javier Milei, un outsider que promete volver a privatizarla, rodeado de figuras que participaron de su desguace hace dos décadas.
El durísimo fallo del viernes de la justicia estadounidense que condena a la Argentina por la intervención de 2012 bajo el mando del entonces viceministro de Economía, Axel Kicillof, actualiza una historia de 30 años de mala política en los que no se salva ningún gobierno, ni siquiera los que parece que están por llegar.
Más relato que pericia
En concreto, la jueza de Nueva York, Loretta Preska, determinó que la Argentina debería haberle hecho una oferta de compra a los accionistas minoritarios al mismo tiempo que le arrebata el control a los españoles de Repsol, tal como establecía el estatuto de la compañía, y accedió a todos los cálculos de la indemnización más favorables para los demandantes.
Hay quienes dicen que pudo haberse hecho otra cosa. Juan José Carbajales, ex funcionario del área energética del gobierno actual subraya, por ejemplo, que tal vez en su momento debió haber una oferta a prorrata para todos los que tenían acciones, aunque los estrategas jurídicos del país dicen que la cuenta hubiera dado lo mismo que ahora y que nada garantizaba que igual no hubiera una presentación en los tribunales.
Otra alternativa más radical hubiera sido que se expropiara el 100%, lo que hubiera evitado la intromisión de la justicia extranjera sobre una decisión soberana del país ya que además no había ningún trato desigual para nadie, pero en ese caso hubiera habido un costo extra para una empresa que cotiza en la Bolsa de Estados Unidos.
Pero nada de eso se estudió y lo que quedó para la historia fueron la salida intempestiva de ejecutivos de la sede de la compañía y las frases altisonantes del ahora gobernador de la provincia de Buenos Aires, como la que increíblemente la magistrada incluyó en su fallo de 25 páginas, inusualmente áspero: “Los tarados son los que piensan que el Estado tiene que ser estúpido y comprar todo según el estatuto de YPF”. “El señor Kicillof declaró descaradamente que sería ‘estúpido’ cumplir ‘la ley de la propia YPF’ o ‘respetar’ sus estatutos. Posteriormente, la República promulgó la legislación que, supuestamente, le permitió adquirir el control de YPF sin ser ‘estúpido’ y cumplir los estatutos”, escribió Preska, evidentemente ofuscada.
La Argentina va a apelar la decisión que considera “errónea y desafortunada”, pero las chances de que se revise la decisión son pocas. La ejecución quedará en suspenso hasta el próximo gobierno. Incluso esta administración no depositará ni siquiera la garantía que se suele gatillar en estos casos.
Burford procurará encontrar, mientras tanto, algún activo del gobierno argentino para embargar, si existiera. La jueza había establecido en marzo que la mismísima YPF quedaba fuera del caso, lo que dificulta las posibilidades de cobro dado que es la que tiene bienes en el mundo como para confiscar.
Más allá de las formas, en su momento la expropiación fue una decisión en línea con respaldo popular y con consenso político. El libro “Puede fallar”, que acaban de publicar Gabriel Llorens Rocha y Andrés Borenstein sobre comunicación y medidas económicas, recuerda que Página/12 difundía en el momento de la toma de control de la petrolera que había un 74% de apoyo, mientras que también La Nación publicaba en simultáneo un sondeo de Poliarquía donde el 62% estaba de acuerdo.
Las votaciones en el Congreso de la ley de expropiación, además, fueron aplastantes: 63 a 3 en el Senado, con votos afirmativos de Gerardo Morales, reciente compañero de fórmula de Horacio Rodríguez Larreta, y del Miguel Pichetto que aún no había saltado al macrismo; y fue 208 a 32 en Diputados, donde hubo apoyo de los radicales Mario Negri y Ricardo Gil Lavedra, del combativo dirigente ruralista Ricardo Buryaile y hasta de Gerardo Milman, el asesor de Patricia Bullrich, ahora caído en desgracia.
Más Néstor que Axel
Pero el elefante en la sala cada vez que el kirchnerismo denuncia un revés en este juicio como parte de una embestida buitre es que los demandantes, el buffet de abogados Burford Capital, llegaron hasta acá porque le compraron los derechos para litigar a la quiebra de las empresas que había armado en España el Grupo Petersen, un holding argentino que se quedó con el 25% de la empresa en 2008 sin poner plata gracias al apoyo de Néstor y de la ya entonces jefa de Estado Cristina Kirchner.
Ustedes eran muy chicos, pero el arreglo se presentó como “la argentinización de YPF”, el ingreso de capitales nacionales, en este caso, la familia de Enrique Eskenazi, muy cercana a los Kirchner desde que manejaban el Banco de Santa Cruz.
La magia fue que consiguieron créditos de bancos internacionales que devolverían a medida que fueran cobrando dividendos de la compañía, una estrategia que también le cerraba a Repsol porque lo que más quería era sacar dinero para invertir en otro lado pero que dañaba 100% al país, que se supone necesita aplicar el flujo de utilidades de su petrolera insignia a explorar para seguir hallando reservas de petróleo y gas.
En los años posteriores al ingreso de los Eskenazi, que se llamaron “expertos en mercados regulados” se giró incluso más plata a los accionistas de lo que se ganaba efectivamente. La descapitalización fue acelerada. La producción de recursos naturales se derrumbó. La situación era límite. Lo loco es que la desinversión de Repsol -en rigor, de Repsol y Petersen- fue el argumento para decidir la recuperación de la empresa por parte del Estado.
"Ahí apareció un día un fondo buitre dedicado a hacer juicios que compró por US$15 millones los derechos para litigar"
Y al expropiarse, se cortó el flujo de dividendos, se interrumpió el pago de los créditos a los Eskenazi, las entidades financieras se quedaron con las acciones que estaban en garantía y las firmas de Petersen en España entraron en quiebra.
Ahí apareció un día un fondo buitre dedicado a hacer juicios que compró por US$15 millones los derechos para litigar, y fue el comienzo de un largo camino que les deparó un negocio gigante si logran cobrar la sentencia.
El síndico de la quiebra, en tanto, se quedará con el 30% de lo que efectivamente se pague. Cobrarán primero los acreedores, es decir básicamente los bancos. Nadie lo confirma, pero si quedara un resto, también podrían recibir una porción los propios Eskenazi. Sería un chiste de la historia que los que entraron sin poner plata por un guiño de su amigo Néstor terminaran cobrando una indemnización por la expropiación de Cristina.
¿Valió la pena?
Dicho todo esto, la expropiación tiene pinta de haber valido la pena. Hasta los asesores en materia energética de Juntos por el Cambio entienden que la YPF recuperada terminó siendo clave para poder desarrollar los recursos sobre los que están puestos las esperanzas de un cambio en la balanza comercial energética para las próximas décadas, una realidad que no aparecía entre las prioridades de sus anteriores dueños, la española Repsol, incluso antes del vaciamiento al que contribuyeron Kirchner y Eskenazi.
Las primeras inversiones junto a Chevron en 2014 -en muchos casos con costosas pruebas y errores- abrieron un camino al que después se sumó el resto del sector privado con una producción que no para de crecer.
En igual sentido, YPF ahora otra vez permite ampliar horizontes con proyectos de exploración off shore en Mar del Plata junto a la noruega Equinor mientras también avanza con la malaya Petronas para levantar una planta de licuefacción de gas para poder exportar a un mundo que antes le compraba todo a Rusia.
Suena exagerado afirmar como indican estudios del centro de estudios CEPA, de Hernán Lechter y Julia Strada, que cualquier monto de penalidad se licúa en activos que ubican en US$310 mil millones, cuando hoy la capitalización bursátil es apenas US$5 mil millones. Pero aún con los reparos ambientales que puedan existir, es muy difícil no ver en todos estos desarrollos una herramienta estratégica para cualquier gobierno que tenga que abordar una economía con tantas carencias por todos lados.
¿Una vuelta de 360 grados?
Salvo, claro, que quien llegue al poder el 10 de diciembre sea Milei, que considera que hay que avanzar en una nueva privatización de la petrolera, con el objetivo de recaudar fondos para un eventual plan de dolarización de la economía, que sólo es posible si se consiguen divisas.
Entre los asesores económicos del liberatrio tallan Roque Fernández y Carlos Rodríguez, que eran ministro de Economía y Secretario de Política Económica en el momento en que el gobierno de Menem llevó a cabo la segunda venta de YPF, cuando tras entregar la acción de oro -el mecanismo por el que el Estado aún conservaba el derecho a veto sobre algunas decisiones- quedó bajo control total de Repsol.
Aquél proceso, según recordó el economista especializado en energía Nicolás Gadano, hoy en los equipos de Patricia Bullrich, lo llevó a cabo la firma Solomon Smith Barney, cuyo representante era Emilio Ocampo, otro asesor estrella de La Libertad Avanza. El director por el Estado en el momento de acceder a la entrega final de la acción de oro, en tanto, era Eugenio Pendas, que la casualidad hizo que fuera el esposo de Diana Mondino, otra integrante del equipo de Milei, posible candidata a canciller.
Hace unos años, Pablo Bizzotto, uno de los ejecutivos más valorados de la industria petrolera que entonces trabajaba en YPF, estaba mostrando con orgullo datos sobre la mejora en productividad de los pozos de petróleo y gas no convencional que habían conseguido los operarios de la empresa, esos a los que se le pasan los días en el medio de la estepa patagónica.
Habían pasado algunos años desde la expropiación y transcurría la mitad del gobierno de Mauricio Macri, que justamente no se caracterizaba por ponerla en el centro de su estrategia, de hecho hasta habían designado un financista para conducirla. Sin embargo, Bizzotto auguraba, ensimismado, un futuro de crecimiento de las exportaciones que podrían contribuir al desarrollo sostenido del país como nunca antes, incluso sin importar qué pasara con la política.
Le pregunté: “¿La podemos cagar?”. Y me contestó: “Es muy difícil, la verdad”.
Por ahora, después de estas tres décadas, lo de YPF parece un milagro.
