En medio de las discusiones sobre las auditorías que el Gobierno pretende impulsar sobre las universidades nacionales, Juan Manuel Olmos, presidente de la Auditoría General de la Nación (AGN), explicó que ese tipo de procedimientos ya se viene haciendo sobre las casas de estudios y señaló las inconsistencias técnicas del discurso presidencial. “No es competencia del Poder Ejecutivo auditarlas”, explicó el funcionario al aire de Radio Con Vos.

“Lo primero que hay que aclarar es que las universidades nacionales tienen un sistema de auditoría, como el resto de los poderes del Estado”, explicó Olmos en conversación con Futuro Imperfecto. “Son entes públicos no estatales, no son parte del Poder Ejecutivo”, destacó a continuación.

Sobre el “debate de si el Poder Ejecutivo las quiere auditar y las universidades no quieren”, Olmos aclaró que “en realidad no es competencia del Poder Ejecutivo auditarlas, como no es competencia del PEN auditar a las provincias”. Dicho esto, recordó que “la autonomía universitaria está reglada por la Constitución Nacional, en el artículo 75 inciso 19”, con lo cual cómo se dé el procedimiento “no es una cuestión de deseo o de lo que quiera o no quiera el Ejecutivo”.

En este momento están en curso auditorías a seis universidades nacionales: Formosa, Jujuy, la UNLP, la del Nordeste, etc. Es decir, funcionan las auditorías.

Continuando con sus aclaraciones técnicas sobre el funcionamiento de las auditorías, cosa que por lo general no se tuvo presente en el debate impulsado desde el Gobierno, Juan Manuel Olmos señaló que existe un “sistema de control externo y uno interno”. El control interno, en el Ejecutivo, lo ejerce la SIGEN, “que hace un control concomitante”, esto es, “mientras sucede la gestión”.

Por el contrario, el control externo “se hace a ejercicio vencido o terminado un periodo de gestión”. Esto, continuó Olmos, “es lo que hace la Auditoría General de la Nación en todo el Estado y también en las universidades nacionales”. Dicho esto, resaltó que no es que las universidades “no se dejen auditar” sino que, de hecho “se vienen realizando auditorías” a las 56 universidades nacionales.

“Se audita a promedio de una casa de estudios por año, porque la Auditoría tiene recursos humanos limitados y no puede estar auditando permanentemente a todas al mismo tiempo”, detalló. En esa línea, sostuvo más adelante que, “si el Congreso determinase auditar a todas las universidades al mismo tiempo, tendría que suspender las auditorías al resto de los órganos del Estado”.

¿Cómo se llega a auditar una universidad?

En palabras de Olmos, “la AGN le plantea a la Comisión Mixta Revisora de Cuentas del Congreso un plan de auditoría que incluye entes descentralizados, la seguridad social, la deuda pública, las cuentas de inversión, la AFIP”, entre otros.

“Se propone al Congreso y el Congreso, a través de la comisión, determina qué se va a auditar para el año siguiente. Es así como funciona el sistema. En este momento están en curso auditorías a seis universidades nacionales: Formosa, Jujuy, la UNLP, la del Nordeste, etc. Es decir, funcionan las auditorías”, recalcó Juan Manuel Olmos.

Las universidades no se niegan a ser auditadas y de hecho se realizaron muchísimas auditorías.

A su vez, siguió, “las casas de estudio tienen lo que sería el paralelo a la SIGEN, que son las unidades de auditoría interna de cada una de las facultades de todas las universidades. Entonces, decir que no se auditan es diferente a decir que las quiere auditar el Poder Ejecutivo, que por Constitución no puede auditarlas. Es lo mismo que el Poder Ejecutivo quiera auditar el Congreso, o que quiera auditar al Poder Judicial. No es competencia del Poder Ejecutivo auditar cuando existe autonomía que la da la Constitución”.

En otro momento señaló que, “si en la auditoría se encuentra una anomalía” delictiva, “inmediatamente se hace una denuncia penal, pero si lo que se encuentra es ineficacia en el gasto de los recursos se señala y después se hacen auditorías de seguimiento a ver si se tomaron las recomendaciones, como por ejemplo tener manuales de procedimiento de compra (o reducir) si tienen más de los recursos humanos necesarios”.

Repitiendo sus señalamientos, el auditor insistió: “Las universidades no se niegan a ser auditadas y de hecho se realizaron muchísimas auditorías que están colgadas en la página web de acceso a la información en la AGN. Y en este momento están iniciadas seis auditorias. Lo que no sucede es que lo audite el PEN, porque no puede auditarlo el PEN. Que quede claro, porque la autonomía universitaria no es algo que se dé por gracia, es algo que está establecido en la Constitución”.

Para Juan Manuel Olmos, el Gobierno desprestigia para ajustar

La AGN se compone de una amplia gama de profesionales y, en su dirigencia, es integrada según la composición del Congreso, mientras que el presidente debe ser un representante de la principal fuerza opositora. En ese sentido, Olmos consideró que sería “muy maniqueo” pensar que, porque él viene del peronismo, la AGN no va a auditar a las universidades, cuando las hay con rectores radicales o independientes, entre otras afiliaciones.

“Yo creo que el Gobierno tiene una metodología: primero desprestigia al organismo que va a ajustar para después legitimar ese ajuste. Dice ‘las universidades gastan mal la plata', o 'hay hechos de corrupción’ para después bajarles el presupuesto y no pagar el costo”, recalcó. A continuación, consideró otro incumplimiento a la Constitución el desfinanciamiento impulsado por el Gobierno, dado que la carta magna garantiza la existencia de la educación gratuita.

“Hubo una reacción ciudadana de una magnitud muy grande donde pareciera que la ciudadanía le pone un límite a este ajuste, porque la universidad sigue siendo una herramienta de ascenso social de las pocas que quedan en nuestra sociedad sin cuestionamiento”, observó Juan Manuel Olmos.