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Policiales

Los siete detenidos por el crimen de Pérez Algaba irán a la misma cárcel que los rugbiers por el caso Báez Sosa

Fernando Pérez Algaba

Los siete detenidos por el crimen del empresario Fernando Pérez Algaba, encontrado descuartizado adentro de una valija hace un mes, no serán liberados. Así lo decidió el juez de Garantías de Lomas de Zamora. Además, ordenó su traslado al penal de Melchor Romero, donde están los rugbiers condenados por el asesinato de Fernando Báez Sosa.

El juez de Garantías Sebastián Monelos, de Lomas de Zamora, no hizo lugar al pedido de excarcelación presentado por la defensa de los imputados por el asesinato del empresario de 41 años: Maximiliano Ezequiel Pilepich, Nahuel Sebastián Vargas, Luis Alberto Contrera, Flavia Lorena Bomrad, Fernando Gastón Carrizo, Matías Ezequiel Gil y Horacio Mariano Córdoba. Los siete están imputados en la causa como coautores de "homicidio triplemente agravado por ser cometido con alevosía, por codicia y por ser cometido por el concurso premeditado de varias personas, ello con el uso de arma de fuego en con curso real con falso testimonio". A los primeros cuatro, además, se les suma el delito de falso testimonio.

Sin embargo, Monelos sí le concedió la libertad a Gladys Cristaldo, acusada de "encubrimiento agravado por tratarse el hecho anterior de un delito especialmente grave". Cristaldo había quedado detenida junto a Ezequiel Pilepich, uno de los principales apuntados como el asesino de Pérez Algaba.

Según el juez, no los libera porque considera que "tratarán de eludir la acción de la Justicia o entorpecer la investigación". Para llegar a esa conclusión, tuvo en cuenta el "modus operandi llevado a cabo, la desaparición y/o ocultamiento de medios de prueba", "el despliegue de medios demostrado" por los imputados en los hechos, sumado al falso testimonio, "un claro indicio de entorpecimiento probatorio".

Una vez en Melchor Romero, estarán en módulos distintos. Esto tiene que ver con un pedido hecho por las abogadas de Nahuel Vargas, que presentaron un habeas corpus cuando se enteraron de que su cliente compartía celda con Maximiliano Pilepich y Mariano Córdoba en la DDI de Avellaneda. Este pedido tiene que ver con que, según las abogadas, estaba en riesgo la integridad tanto física como psicológica de Vargas, porque declaró "en contra de los demás imputados" y "trabajó 16 años en la Policía Federal Argentina". Vargas había dado detalles sobre el asesinato de Pérez Algaba y apuntó directamente contra Pilepich como el asesino.