Si bien el Gobierno había prometido no echar empleados públicos "de carrera del Estado", sino que serán reasignados a áreas donde sí sean necesarios", ya pasó la motosierra sobre 20 mil empleados estatales contratados, después recortó horas extra y ahora están en la mira casi 100 mil trabajadores de planta permanente.

El capítulo IV del proyecto de Ley Bases que habla del empleo público y que obtuvo el visto buen en la Cámara Baja habla justamente de esto. Uno de los apartados flexibiliza las condiciones de estabilidad fijadas en la ley de empleo público de 1999 e integra la reforma de Estado con la que el oficialismo busca "reducir el sobredimensionamiento" del sector público, darle al Ejecutivo mayores facultades para reorganizar la administración nacional y privatizar empresas públicas.

Específicamete, el artículo 52 dice que los empleados públicos alcanzados "por el régimen de estabilidad que resulte afectado por las medidas de reestructuración que comporten la supresión de órganos, organismos o de las funciones a ellos asignadas; o de reducción por encontrarse excedida, conforme surja del informe fundado del órgano competente en la materia, la dotación óptima necesaria, quedará, automáticamente, en situación de disponibilidad por un periodo máximo de hasta doce (12) meses".

Además, los empleados en situación de disponibilidad deberán capacitarse o realizar tareas en servicios tercerizados del Estado y "cumplido el término de disponibilidad, sin que el trabajador hubiera formalizado una nueva relación de trabajo, quedará automáticamente desvinculado de la Administración Pública nacional". El trabajador tendá "derecho a una indemnización "igual a 1 mes de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor de 3 meses".

El régimen de disponibilidad vigente desde 1999 alcanza a los organismos bajo la ley marco (sin incluir universidades, empresas públicas ni otros poderes del Estado). La novedad que aporta este proyecto tiene que ver con que el Ejecutivo podría no solo echar empleados de planta permanente por la suspensión de organismos, sino también por considerar que hay un exceso de empleados. Se trata de un criterio estrenado por Mauricio Macri que le permitió eliminar alrededor de 40 mil empleos en Nación.

El artículo 3 del capítulo I de la reforma del Estado le da facultades al Ejecutivo de disponer la modificación o eliminación de competencias y funciones de organismos de la administración central y descentralizados, incluyendo las instituciones de seguridad social, así como la "reorganización, modificación o transformación de su estructura jurídica, centralización, fusión, escisión, disolución total o parcial, o transferencia a las provincias o a la Ciudad".

Sin embargo, no podrían disolver organismos tales como el CONICET, la ANMAT, el INCAA, el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), la Comisión Nacional de Valores (CNV), el Instituto Nacional Centro Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI), la Unidad de Información Financiera (UIF), y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).

El proyecto que aprobó Diputados le da la posibilidad al empleador de, entre otras cosas, definir unilateralmente la "movilidad" por un año o más de un empleado de otra dependencia, municipio o provincia. Por otro lado, "el personal podrá ser intimado a iniciar los trámites jubilatorios cuando reúna los requisitos exigidos para obtener la jubilación ordinaria".