El exministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D'Alessandro, volvió a faltar a una audiencia de la causa por mal desempeño de los miembros de la Corte Suprema en la coparticipación. Desde la Comisión de Juicio Político que integra diputados lo citaron para el próximo martes y, si se ausenta de nuevo, será intimado con la intervención de un juez.
D'Alessando no asistió a las dos audiencias anteriores en el marco de la causa que investiga el mal desempeño de los miembros de la Corte Suprema en el fallo sobre la coparticipación. La presidenta de la comisión, Carolina Gaillard (Frente de Todos) a la próxima reunión convocó, además de a D'Alessandro, a Miguel Federico de Lorenzo, Secretario de Jurisprudencia de la Corte Suprema, y a Gabriel Astarloa, Procurador General de la Ciudad.
El antecedente para el proceder judicial ante su ausencia es el caso de Aldo Tonón, el exdirector de la obra social de los trabajadores judiciales que está imputado en tres causas, que tuvo que ser traído por un juez después de negarse a presentarse en tres oportunidades.
Para el oficialismo, D'Alessandro es sospechoso de haber intercambiado chats a través de WhatsApp con Robles, en una supuesta connivencia relacionada con el fallo de la Corte sobre la coparticipación que benefició a la ciudad de Buenos Aires.
En la última reunión de la comisión, que se desarrolló sin la presencia de la oposición, que denunció la existencia de "nuevas irregularidades vinculadas con la citación de testigos", se aprobó además un pedido para solicitar a la Corte Suprema sanciones a Silvio Robles, el principal asesor no letrado de Horacio Rosatti, que concurrió semanas atrás a la comisión, pero se negó a contestar la mayoría de las preguntas, por lo que el oficialismo lo calificó como "reticente a aportar información" y pidió que se lo sancione por esa actitud, según lo informado por Télam.
El expediente que analiza la comisión de Juicio Político a la Corte está basado en el fallo de la Corte Suprema de Justicia que dispuso el pasado 21 de diciembre que el Gobierno nacional le pague al Gobierno de la ciudad de Buenos Aires el 2,95% de la masa de impuestos coparticipables, en el marco de la disputa entre ambas administraciones por el porcentaje correcto.
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