Tras semanas de inactividad, la comisión de juicio político a la Corte retomó sus reuniones para analizar las acusaciones por mal desempeño a los Supremos. En su encuentro anterior, la comisión le había notificado al juez Carlos Maqueda que debía presentar un descargo presencial o por escrito por irregularidades en la gestión de la Obra Social del Poder Judicial.

Sin embargo, la presidenta de la comisión, Carolina Gaillard, anunció que el juez no compareció ante los diputados, protegido por sus fueros. Así, la comisión dio por finalizada la etapa de análisis de los expedientes vinculados con la Obra social y encargó una subcomisión para que continúe con las investigaciones por presuntas irregularidades en otros períodos temporales anteriores a los de Maqueda (2008-2021).

Gaillard también comunicó que la comisión se encargará ahora de analizar los expedientes relacionados con el fallo de la Corte por la coparticipación a favor de la Ciudad de Buenos Aires.

Durante el 2020, el gobierno nacional le redujo de 3,5% a 2,3% los fondos coparticipables a la Ciudad y luego se ratificó la decisión mediante una ley. Esos fondos habían sido triplicados por decreto durante la gestión de Macri, por el traspaso de la policía. En su momento, Larreta decidió acudir a la Corte para que revisara la decisión y en diciembre del año pasado el máximo tribunal dictó una cautelar para que se le entregara a la Ciudad el 2,95 de los fondos.

La estrategia del oficialismo nacional en la comisión es probar que existió tráfico de sentencias entre el gobierno de la Ciudad y el titular de la Corte, Eduardo Rosatti, para que saliera la cautelar. Su principal prueba son los chats filtrados entre Silvio Robles, asesor de la Corte, y Marcelo D'Alessandro, por entonces ministro de Seguridad porteño.

Las idas y vueltas por los chats filtrados

El diputado oficialista Rododolfo Tailhade solicitó que se ordene una huella de voz para determinar si la conversación efectivamente fue entre Robles y D'Alessandro, cuyas filtración no solo cuenta con mensajes escritos sino también con audios.

Como todavía no tenemos las manifestaciones testimoniales de Robles y D’Alessandro sobre si reconocen estos chats, por lo pronto solicito que hagamos una prueba independiente y que la Policía Federal sea la que esté encargada de llevar adelante el peritaje", expresó Tailhade.

La oposición reprochó la decisión apelando a la inadmisibilidad del planteo, estrategia que los opositores vienen sosteniendo en la comisión desde que se inició el proceso político. "Esa prueba no se puede utilizar y mucho menos se va a subsanar porque hagan una huella de voz", explicó el diputado Juan Manuel López, de la Coalición Cívica.

"Esa prueba no se puede utilizar y mucho menos se va a subsanar porque hagan una huella de voz"

Juan Manuel López

Mientras tanto, en el marco del expediente por la coparticipación, se presentó el primer testigo, El doctor Horacio Diez, Subprocurador del Tesoro de la Nación. Diez centró su declaración aclarando que ni el gobierno de Macri ni el máximo tribunal dieron detalles sobre cómo se llegó al monto total de recursos que consideraron necesarios para financiar el traspaso de la policía. "Es extraño que les dio un número redondo, 3,75″, dijo.

"En el convenio de traspaso de la policía no fue estimado el costo que podía representar la ejecución o cumplimiento de esos servicios no federales, y tampoco se estableció allí ningún mecanismo o procedimiento destinado a establecerlo", detalló. Y agregó: "Nuestra postura en representación del Estado nacional es que los decretos 194, 392 y 257 carecen de fundación económico y financiera".