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Lanzan la Campaña Nacional por la Reforma Judicial Feminista

La Campaña Nacional por la Reforma Judicial Feminista está integrada por organizaciones feministas, de derechos humanos, sindicales, activistas y sectores académicos; el lanzamiento se llevará a cabo este jueves en la Federación Gráfica Bonaerense, Av. Paseo Colón 731, a las 18:00, con transmisión en vivo.

La Campaña apunta la necesidad de reestructurar el marco legal con perspectiva feminista y señalan el accionar del Poder Judicial argentino que, a pesar de la Ley Micaela, incurre en prácticas de revictimización de las mujeres, infancias y disidencias y de burocratización de los casos, que traba los procesos.

"Cada colectivo que hoy emprende una batalla por sus derechos encuentra en el poder judicial actual una trampa para el acceso pleno a la justicia", sostienen desde la Campaña.

La integran más de 300 organizaciones, entre ellas, el Colectivo Ni Una Menos, Madres de Plaza de Mayo línea Fundadoras, Mujeres Sindicalistas, la Corriente Federal de Trabajadores, sindicatos nucleados en la CGT, CTA de los Trabajadores, CTA Autónoma, organismos de DDHH, el Proyecto Generar, Abofem y Católicas por el Derecho a Decidir.

La organización para una reforma judicial feminista data del Ni Una Menos de 2021. Para el 3J de 2023, se mantuvo dentro de los reclamos. Dos de los principales reclamos de cara al lanzamiento son "con esta Corte no hay justicia" y "democratización del Poder Judicial, en el acceso a la justicia, el ingreso democrático, la transparencia y la rendición de cuentas".

Melisa García, la fundadora de la Asociación de Abogadas Feministas (Abofem) e integrante a la Campaña, sostuvo que "No podemos pensar en una democracia real, no podemos pensar en eliminar la violencia si tenemos uno de los tres poderes de la República (por el Poder Judicial) que violenta, que ejerce violencia institucional, que atrasa y que está muy lejos de atender las enormes desigualdades de la sociedad", en diálogo con Télam.

Dentro de las modificaciones urgentes, García nombró: "la falta de perspectiva de género de los jueces y juezas en la totalidad de sus abordajes. En los casos de violencia de género vemos cómo fracasan una y otra vez las medidas que toma la Justicia y que, lejos de prevenir estas situaciones, termina dejando más expuestas a la violencia a las mujeres que denuncian".

Además, se refirió a la "falta de formación con perspectiva de género de jueces y juezas al momento de concursar; la falta de democratización en los ingresos y la existencia de una Corte Suprema que ya demostró tener una inclinación político partidaria".

También apuntó sobre la "falta de transparencia", que se traduce en falta de estadísticas sobre el tratamiento judicial de los casos de violencia de género: "no tenemos un registro de las sentencias de jueces y juezas. Eso hace que no haya ningún tipo de control y que las sentencias queden en la discrecionalidad de cada juez, de cada juzgado, y en su predisposición a dar respuesta con mayor o menor compromiso a los casos de violencia".

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