En 2021 hubo 251 femicidios en Argentina y uno cada cuatro fueron cometidos con armas de fuego, de acuerdo al Registro Nacional de Femicidios de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Además, hubo una víctima cada treinta horas y el once por ciento de los asesinatos fueron en manos de oficiales de las fuerzas de seguridad.
Desde la Asociación para el Análisis de Políticas Públicas (APP), en alianza con el Centro de Estudios de Política Internacional (CEPI) de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y el apoyo de la Embajada de Irlanda, advierten que es necesario analizar la tenencia y portación de armas de fuego desde una perspectiva de género.
María Pía Devoto, directora de APP y coordinadora de la Red de Seguridad Humana en Latinoamérica y el Caribe (SEHLAC), aseguró que la presencia de un arma de fuego en un contexto de violencia doméstica lo agrava enormemente. “La ostentación de un arma genera miedo para las personas que viven bajo esa amenaza. Es importante poder mostrar a través de la investigación y los datos lo que verdaderamente significa un arma. Es un elemento que no protege, que sirve para matar y que es una amenaza latente”, dijo a Diario Con Vos.
Entre el 2020 y el 2021, los agentes de las fuerzas de seguridad que cometieron femicidios aumentaron del 2,5 por ciento al 9,6 por ciento. De las 25 personas pertenecientes a las fuerzas, al menos trece cometieron los delitos con sus armas reglamentarias. El empleo de armas en la comisión de femicidios aumentó de un dieciocho por ciento en 2020 a un 25 por ciento en 2021. Devoto planteó que esto reaviva el debate sobre, si quienes pertenecen a las fuerzas de seguridad deben encontrarse en estado policial cuando regresan a sus hogares más allá de su jornada laboral.
Este escenario genera que a la hora de hacer una denuncia se presenten una serie de obstáculos. “No es fácil denunciar un caso de violencia de género en las fuerzas de seguridad cuando la persona que te violenta pertenece a esas fuerzas”, sintetizó Yohanna Solis, coordinadora general del CEPI y del Observatorio de Mujeres y Diversidades: política, paz y desarrollo.
En Argentina, de acuerdo al registro de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC), el 99 por ciento de los usuarios de armas registradas son varones. “Hay un sesgo de género que va desde la constitución de las fuerzas hasta la concepción del uso de las armas y que está muy atravesado por el concepto estereotipado de masculinidad”, describió la coordinadora del CEPI.
Devoto agregó que “el símbolo que tienen las armas es el del poder asociado a la virilidad, a la reafirmación de la idea del macho”. Ambas profesionales resaltaron la importancia de trabajar sobre los mitos y los sentidos comunes asociados a la tenencia y portación de armas para poder desandar ese imaginario que asocia el arma al poder, a la protección y a la seguridad.
La ostentación de un arma genera miedo para las personas que viven bajo esa amenaza.
María Pía Devoto
De acuerdo con lo publicado en el informe, no hay un mapeo real de la circulación de armas en Argentina. Según los datos publicados por la ANMAC, existen 1.562.332 armas registradas, de las cuales el 84 por ciento están en manos de civiles. Pero desde las organizaciones de la sociedad civil estiman que la cifra supera los cuatro millones en el mercado ilegal. Lo claro es que en la última década ha habido un traspaso del mercado formal al informal: las armas se fabrican legalmente, pero en algún punto de la cadena evaden el control del Estado. Desde APP se preguntan: “¿Hasta dónde el Estado está en capacidad y en conocimiento de dónde están los usuarios y dónde están las armas para poder implementar bien los mecanismos de protección?”.
