Una abogada militante de derechos humanos y que fue querellante de juicios de lesa humanidad de Rosario recibió una nota con una amenaza a su nombre: que dejara de participar en esas causas y que "raje a tiempo" porque había "un sicario pago para ella y su familia". Así lo denunciaron en un comunicado con junto las Abuelas de Plaza de Mayo filial Rosario y la agrupación HIJOS de la misma ciudad.
El texto denuncia "un nuevo hecho de violencia contra una militante de derechos humanos, perteneciente a nuestras organizaciones". Esto sucedió a fines de marzo y se denunció en la Fiscalía Federal 1, a cargo de María Virginia Sosa. Ahora, la víctima está "preservada y acompañada" por sus compañeros de militancia.
"Días atrás, nuestra compañera recibió una amenaza por escrito contra ella y su familia en su domicilio particular, lo que da cuenta del grado de intimidación y de la gravedad de los hechos. La nota contiene una advertencia por su participación como militante de derechos humanos y, además, amenaza su integridad física", dice el texto.
Además, las organizaciones de derechos humanos agregan: "Leemos este terrible hecho como parte de una sumatoria de graves acciones que vienen sucediendo en nuestro país: desde las intimidaciones a Teresa Laborde Calvo para que no dé charlas en escuelas, hasta el ingreso al domicilio y posterior ataque que sufriera nuestra compañera Sabrina Bölke".
Ambas organizaciones hicieron la denuncia y pidieron "al poder judicial que se avoque de lleno en la investigación y agote las instancias necesarias para el esclarecimiento de lo sucedido". Además, esta comunicacipon en conjunto apela a la sociedad, a quien le pide "mesura para no entorpecer dicho proceso judicial y particularmente para resguardar a nuestra compañera y su familia".
"No podemos dejar de advertir públicamente sobre este hecho intimidatorio y violento, que no es aislado. Es este clima social, habilitado por la investidura presidencial y vicepresidencial, que ningunea la lucha que construyó nuestro pueblo para exigir Justicia, el que fogonea la avanzada de violencia que estamos viviendo", agregan.
En el texto apuntan también contra Maximiliano Pullaro, gobernador de la Provincia de Santa Fé. "No podemos dejar de advertir que este discurso también fue sostenido por el gobernador de nuestra provincia, quien no tuvo tapujos en decir que no quiere reclamos de los Organismos de Derechos Humanos, en medio de una escalada de violencia sin precedentes en nuestra ciudad".
"A poco de conmemorar los 40 años de democracia, estos delitos son inadmisibles y repudiables. Por lo tanto, instamos de manera urgente a los gobiernos nacional y provincial a frenar los discursos de odio que habilitan la estigmatización y la violencia contra quienes piensan diferente, y exigimos la adopción de las medidas necesarias para prevenir la repetición de actos semejantes y para garantizar la seguridad de las víctimas", sigue el comunicado.
Y termina: "Los organismos de derechos humanos seguiremos trabajando colectivamente para demandar justicia por estos hechos de violencia y persecución política y continuaremos exigiendo el esclarecimiento de los crímenes de la dictadura y la sanción a sus responsables. Nunca más es nunca más".
