A contramano de lo que establece la legislación en materia de servicios públicos, el Gobierno aplicó de manera retroactiva el incremento en el costo de la generación eléctrica para los usuarios de Edesur y Edenor sin comunicarlo oficialmente, lo que generó un mayor impacto en las tarifas de luz del esperado.

De esta manera, el aumento de la luz fue aplicado a partir del 1 de febrero y no a partir del 16 del mismo mes, como lo había anunciado el Ente Regulador de la Electricidad (ENRE). Así, los usuarios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) pagarán 15 días más de aumento.

Los valores se actualizaron a principios de febrero y rigen hasta fines de abril, con una suba del 117% (20.460 pesos el MWh a $44.401) para los usuarios de altos ingresos, comercios e industrias. Para los hogares de ingresos bajos y medios no hay cambios, pero la Secretaría de Energía dispuso su entrada en vigencia desde el 16 de febrero, por lo que en los primeros quince días del mes las facturas no debían actualizarse.

Como la decisión no fue informada a los usuarios mediante ningún canal oficial, la determinación del Gobierno podría derivar en una demanda judicial, ya que los ajustes en las tarifas de los servicios públicos deben ser dadas a conocer mediante una resolución oficial y pública, de libre acceso.

Aunque los ajustes en el costo de distribución no se pueden aplicar de manera retroactiva, desde el Ejecutivo entienden que sí se puede hacer con el valor de generación, ya que el cálculo surge de la concurrencia de la demanda estimada y los costos de la oferta con la que se atenderá. De esta manera, el problema de esta decisión radica en su falta de comunicación.

El aumento retroactivo de la luz se ejecutó solamente en el AMBA, ya que el resto de las distribuidoras provinciales no recibieron notificaciones de parte de sus entes reguladores. Por lo tanto, las firmas afrontaron la suba de la generación desde el 1 de febrero, sin poder trasladar el mayor costo a sus clientes desde esa misma fecha.