A poco más de dos meses de que el Gobierno dictara el DNU que desregula el sector de las prepagas y habilitaba aumentos en los planes de salud, en la Justicia aparecen cada vez más fallos que ordenan dejar sin efecto o limitar esos ajustes.
Con las dos de ayer en San Martín y Morón, son por lo menos cinco los fallos a favor de afiliados a prepagas que no pueden afrontar el peso de las cuotas actualizadas de los últimos meses, que superaron el 100% de aumento. Sólo en marzo subieron hasta un 23%.
A la par de que por estos días en los juzgados federales cada vez se acumulan más presentaciones, entre los jubilados que todavía no accionaron surge la la esperanza de si sería posible una demanda colectiva que lleve a un freno generalizado.
Según explicó a Clarín Eugenio Semino, el Defensor de la Terdera Edad, eso es bastante improbable porque los contratos con prepagas son un acuerdo entre particulares. Semino recibe entre 300 y 400 llamadas y mails por día en la Defensoría con casos de afiliados jubilados y pensionados que no pueden afrontar los aumentos de sus prepagas.
El problema con los reclamos es que, a pesar de que los jueces les den lugar, no se están expidiendo sobre el fondo de la cuestión, que es la imposibilidad de este grupo etario de pagar el costo de esas cuotas, sino que se resuelven medidas transitorias para frenar el cobro y evitar que los afiliados queden sin la prestación de salud mientras se resuelve el conflicto.
El amparo es una herramienta precautoria, que debe resolverse en cuestión de días. En general, cuando es otorgada, el freno de los aumentos es por seis meses. Se ordena a la empresa de medicina prepaga que refacture la cuota a través del Índice de Variación Salarial, en base al monto que cobrara en diciembre, previo al DNU.
