El Gobierno tomó la decisión de no prorrogar una medida del Banco Central que aseguraba el pago en tiempo y forma de los salarios a los trabajadores estatales. La medida afecta a docentes, médicos, administrativos y otros miles de empleados públicos que cobran siempre sus sueldos a fin de mes, pero que esta vez podrían ver retrasado su ingreso hasta alrededor del 10 de febrero.
La disposición del Banco Central que permitía pagar a tiempo a los trabajadores estatales se emitió en octubre de 2019. Mientras que existe un tope para los créditos otorgados al sector público, esa medida eximía de ese tope a los préstamos que sirvieran para pagar haberes. De esa forma, quedaba garantizado el pago a los empleados en el último día hábil del mes y la deuda se cancelaba unos días más tarde cuando los organismos recibían la transferencia correspondiente del Tesoro.
La última vez que se prorrogó esa disposición fue en enero de 2023, y el actual Gobierno parece haber decidido no continuarla. Así, al menos, lo adelantó Manuel Adorni en conferencia de prensa: "El BCRA nos informa que ha quedado fuera de agenda la extensión de la autorización para que las provincias se endeuden con bancos provinciales, mecánica que utilizan muchas veces para hacer frente a necesidades financieras urgentes".
De esta manera, trabajadores estatales como los de las Universidades de Rosario, San Luis y Quilmes recibieron un correo electrónico que les informaba que no cobrarían sus salarios y que podrían recibirlos luego de los pagos del Tesoro, que se hacen entre los dos y los cinco primeros días hábiles del mes. Algo similar sucedió con el personal de salud, como es el caso de los médicos del Hospital Posadas.
“El Rectorado de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL), informa que el pasado viernes 26 de enero fuimos notificados por autoridades del Banco de la Nación Argentina (nuestro agente financiero), de la imposibilidad de cumplir con el convenio de pago de haberes que fuera firmado oportunamente, en la cláusula referida al adelanto de nómina salarial sin costo financiero (cláusula VIII del convenio)”, comunicó públicamente esa casa de estudios.
A continuación, el comunicado explica que “esta cláusula permitía que la UNSL pudiera abonar los salarios los últimos días de cada mes, esperando el Banco hasta el día que se acreditara fehacientemente ese dinero para el débito total. Esto llevó a que fuera política de esta administración que, en todos los meses, se cobrara los 29, 30 o 31 del mes que finalizaba; y efectivamente el Ministerio de Economía giraba los fondos el tercer día hábil del mes posterior al pago. Existiendo un desfasaje de cuatro (4) o cinco (5) días corridos entre efectivo pago y acreditación”.
Esta decisión forma parte de la política extorsiva con que el gobierno nacional pretende arrancar a los distintos sectores políticos el apoyo a su programa.
Conadu
“Esta decisión unilateral del BNA (sucursal San Luis y la zonal del Banco) responde a un cambio de legislación por parte del Banco Central de la República Argentina, donde pone límites del cupo de financiamiento del sector público nacional; con lo cual se ha dispuesto no adelantar el monto de haberes como está obligado a hacerlo según lo firmado oportunamente entre autoridades del BNA y la UNSL”, agregaron las autoridades de la universidad.
Por su parte, la legisladora de la UCR, Danya Tavela, señaló que “a partir de esta norma se dispone que ningún organismo público estatal, de cualquier nivel, pueda hacer uso del acuerdo de adelanto que tienen con Bancos para abonar sueldos”. Dicho esto, criticó duramente la decisión del Gobierno.
“Desde JxC siempre hablamos de la necesidad de un Banco Central independiente no solo para evitar que siguiera emitiendo ni financiando al Estado en el déficit público de Alberto Fernández y Massa, sino para que no fuera una herramienta de extorsión para municipios y provincias”, escribió, y cerró su mensaje preguntándose si “esta es la forma en la que Javier Milei quiere dialogar con los gobernadores y diputados y senadores”.
A su vez, la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) le reclamó ayer al Gobierno nacional "el pago en tiempo y forma de los salarios universitarios" y que "revierta inmediatamente" la decisión de demorar los sueldos de los estatales.
Esta medida, asegura Conadu, "somete a miles de trabajadores y trabajadoras del sector público a la incertidumbre respecto del cobro de sus sueldos". En esa línea, explicaron que tal "agravio se suma en las universidades a la situación de atraso salarial y congelamiento presupuestario que, en un contexto de altísima inflación, solo acelera un conflicto que la falta de respuesta de las autoridades nacionales no hace otra cosa que profundizar".
Además, los empleados estatales universitarios calificaron de "inadmisible” que “se quiera sujetar el salario a los malabarismos de la timba financiera".
"Esta decisión, que pretende cerrar las cuentas acordadas con el FMI descargando el costo de la política de déficit cero sobre las espaldas del pueblo trabajador, forma parte también de la política extorsiva con que el gobierno nacional pretende arrancar a los distintos sectores políticos el apoyo a su programa de reformas regresivas y anticonstitucionales", consideraron desde Conadu.
