El Gobierno publicó en la madrugada de este miércoles el Decreto 81/2024 que oficializa la entrega de un bono de $55 mil a los jubilados que perciban una suma igual o menor a los $105.712,61. Mientras tanto, se discute en el Congreso el cambio de la fórmula que define el monto de las jubilaciones y la liquidación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, en el marco de la llamada Ley Ómnibus.
Entre las consideraciones del decreto que oficializa el bono a los jubilados, desde el Gobierno señalaron "que la grave situación socioeconómica que atraviesa nuestro país ha ocasionado, entre otras cuestiones, un alza acelerada del índice de precios, con especial incidencia en los adultos mayores de menores ingresos, para quienes es necesario acudir a su sostenimiento".
De este modo, se resolvió "otorgar una ayuda económica previsional por un monto máximo de PESOS CINCUENTA Y CINCO MIL ($55.000) para aquellos titulares que, por la suma de los haberes de todas sus prestaciones vigentes, perciban un monto menor o igual a PESOS CIENTO CINCO MIL SETECIENTOS DOCE CON SESENTA Y UN CENTAVOS ($105.712,61)". Esta ayuda, agregaron, se abonará en febrero.
Además, el Gobierno aclaró que "para aquellos titulares que, por la suma de todas sus prestaciones vigentes, perciban un importe superior al monto de $105.712,61, la ayuda económica previsional será igual a la suma necesaria hasta alcanzar el tope de $160.712,61".
Cómo afectaría la Ley Ómnibus a los jubilados
En principio, la idea del presidente Javier Milei consistía en eliminar la actual fórmula de movilidad para aumentar, cuando él y sus funcionarios consideraran, el monto de las jubilaciones por decreto. Sin embargo, como varios otros puntos de la controvertida Ley, el tema fue arduamente discutido y recientemente se propusieron algunos cambios.
Ahora, lo que plantea el Gobierno es cambiar la fórmula de movilidad de forma tal que el monto que perciban los jubilados se ajuste automáticamente por inflación a partir de abril. En marzo se mantendría el ajuste trimestral respetando la fórmula actual.
"A partir de abril, comienza una actualización automática por inflación mensual en base al último dato de inflación disponible del Indec. Así se les garantiza a los jubilados que mantengan su poder adquisitivo", se argumenta en el documento con cambios al proyecto de Ley Ómnibus, citado por Télam.
Ahora bien, algunos dirigentes argumentan que semejante cambio podría implicar una caída aún mayor del poder adquisitivo de los jubilados, sobre todo porque la aplicación de la nueva fórmula podría omitir la inflación récord que tuvimos en diciembre.
"El problema que tenemos es un tema de empalme, donde decimos que tiene que ser para atrás. Esto tiene que estar ajustado retroactivamente para que los jubilados no pierdan", explicó Karina Banfi, vicejefa del bloque UCR, a Letra P.
También despertó alarmas y preocupación lo que el Gobierno pretende hacer con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), una reserva anticíclica cuyo objetivo es garantizar el sostenimiento del sistema previsional hacia el futuro y, entre otras cosas, que los jubilados puedan cobrar sus haberes aunque cualquier eventualidad deje sin fondos a la ANSES.
Ahora, el oficialismo propone que los activos del FGS se transfieran al Tesoro Nacional y que éste pueda vender sus acciones, para lo cual debería haber un dictamen previo favorable de la Comisión Bicameral de Reforma del Estado y del Seguimiento de las Privatizaciones.
La oposición a los cambios en las jubilaciones resonó desde diferentes partes. Por ejemplo, Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, criticó la propuesta señalando el parentesco entre el actual ministro de Economía y el empresario Nicolás Caputo.
"El señor Toto Caputo entrega a los jubilados para hacer el ajuste y licua fuertemente sus haberes, pero no toca el régimen fiscal de privilegios y corporativo de Tierra del Fuego, cuyo beneficiario directo es su familiar 'Nicky'", escribió en Twitter.
También se pronunciaron diferentes grupos de jubilados, como es el caso de un grupo proveniente de La Pampa.
“El FGS es un fondo que creado con la administración de la ANSES que fue fortaleciéndolo, haciendo inversiones, comprando títulos de empresas y que se inició con dineros que estaban en las AFJP cuando se volvió a nacionalizar el régimen previsional. Ese fondo es la garantía de varios meses de nuestra jubilación y el gobierno lo quiere tomar para llevarlo al Tesoro y poder darle otro destino”, explicó el exdirigente sindical Ricardo Caso al medio pampeano La Arena.
