La protección a los glaciares es una de las causas ecológicas que moviliza a la sociedad y genera pasiones porque el sentido común de la población entiende, de manera casi instintiva, que los hielos eternos son la última barrera que preserva a los ecosistemas frente al avance del calentamiento global y la desertificación de los suelos.
Tras un largo debate parlamentario, Argentina sancionó en el año 2010 la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Preservación de Glaciares y Ambiente Periglaciar que los clasifica como “bienes de uso público” y los preserva como reservas estratégicas de recursos hídricos y de biodiversidad.
La legislación le puso coto a los intereses de grandes compañías mineras internacionales- como Barrick Gold- que desde entonces han intentado derogarla. Pese a ello, en 2019 La Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificó por unanimidad la constitucionalidad de la Ley de Glaciares.
Los intereses mineros, sin embargo, encontraron en la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos (Ley Ómnibus) una nueva oportunidad de imponerse sobre la protección de glaciares. El proyecto ómnibus declara, en su presentación, una modificación a la ley “a fin de habilitar la actividad económica en la zona periglacial, revirtiendo un avasallamiento del poder federal sobre las provincias”.
¿Qué cambia específicamente la ley Ómnibus?
El proyecto presentado por el gobierno de Javier Milei propone la sustitución de los dos primeros artículos de la Ley de Glaciares que definen lo que es un glaciar, por otra noción más restringida y laxa.
En primer lugar, la nueva definición no reconoce a los glaciares como “bienes de uso público”, con lo que restringe las herramientas legales del Estado y las Provincias para su protección.
Además, reemplaza la definición amplia de la ley original, que reconoce como glaciar a “toda masa de hielo perenne estable o que fluye lentamente, con o sin agua intersticial, formado por la recristalización de nieve, ubicado en diferentes ecosistemas, cualquiera sea su forma, dimensión y estado de conservación”, por otra mucho más acotada.
Según la Ley Ómnibus, son glaciares aquellas geoformas que cumplan todos estos requisitos:
-Se encuentran incluidas en el Inventario Nacional de Glaciares.
-Cuenten con una perennidad continua de al menos 2 años o más.
-Cuenten con una dimensión igual o superior a 1 hectárea.
-Tengan una función hídrica efectiva y relevante ya sea como reserva de agua o recarga de cuencas hidrológicas.
Según organizaciones medioambientales como Greenpeace, esta nueva reglamentación permitirá excluir a más de 44 glaciares de la protección que la actual legislación les provee.
