La jueza de primera instancia en lo Civil y Comercial N°8 de Posadas, Misiones, Adriana Fiori, hizo lugar este viernes a un recurso de amparo presentado por asociaciones de productores de yerba mate. De esta manera, la magistrada dispuso suspender los efectos del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 que desregula la actividad yerbatera.
A la lista de medidas contra el DNU 70/23 provenientes de diversas ramas de la vida social, política y económica, se sumó este viernes el amparo presentado por productores de yerba mate, quienes argumentan que la norma pone en riesgo la prestación de la obra social que atiende a los yerbateros registrados en el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM).
La jueza aceptó el amparo tras una presentación judicial impulsada por asociaciones de productores, en nombre de la defensa de los sectores de la población en condiciones de vulnerabilidad y del derecho fundamental a la salud.
Es que la cobertura de la obra social para los productores yerbateros había quedado en duda desde la entrada en vigencia del DNU, dado que el mismo deja sin efecto la intangibilidad de los recursos del INYM, de los que depende el financiamiento de la obra social. Además, le quita al organismo la potestad para registrar a los productores y de esa forma identificar a los beneficiarios de la obra social.
Entre los fundamentos, la magistrada sostuvo que "se acredita el riesgo serio e inminente de que, durante el período de feria judicial, miles de pequeños productores yerbateros y sus familias puedan ver menoscabado, afectado, alterado y frustrado su derecho a la salud, previsto en los artículos 33, 42 y 75 de la Constitución Nacional".
Y agregó que "esto producirá un daño de características irreparables, determinando ello que, en el caso, se configuran plenamente las circunstancias excepcionales y las razones de urgencia que justifican la habilitación de la feria que se solicita".
El DNU 70/2023 afecta al INYM quitándole funciones como la fijación de precios o el registro de plantaciones, además de tocar otros aspectos de su funcionamiento que afectarían una serie de convenios que mantiene el instituto.
La media judicial fue pedida por la Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones (APAM), Unión de Agricultores de Misiones (UDAM), Asociación Civil de Productores Yerbateros del Norte (Acpyn), la Asociación Chimiray, la Asociación de los Yerbateros del Alto Uruguay, la Casa de la Familia Yerbatera, el Centro Agrario Yerbatero Argentino (CAYA) y la Asociación Civil Agrícola, Ganadera y Forestal de la Zona Sur (AAGyFSur).
Con información de Télam.
