En la tarde de este viernes, el Gobierno mandó al Congreso el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que pretende desregular completamente la economía, con lo cual debe conformarse una Comisión Bicameral para iniciar su tratamiento. A la vez, la Justicia dio lugar a un amparo en contra de la medida presentado por 500 intendentes nucleados en la la Federación Argentina de Municipios (FAM).
Desde este viernes, la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, que todavía no se terminó de armar, tiene 10 días hábiles para emitir un dictamen sobre el DNU 70/23 y mandarlo a Diputados o al Senado. La Comisión deberá estar integrada por ocho diputados y ocho senadores y la vicepresidenta Victoria Villarruel ya designó a los senadores que participarán.
Se trata del oficialista Juan Carlos Pagotto, el radical Víctor Zimmermann, Luis Juez de PRO, el macrista Juan Carlos Romero, el peronista disidente Carlos Espínola y los kirchneristas Mariano Recalde, Anabel Fernández Sagasti y María Teresa González, según detalló la agencia Télam.
Falta definir a los diputados, con lo cual en las últimas horas el bloque de Unión por la Patria, a cargo de Germán Martínez, le solicitó a Martín Menem, titular de la cámara, que designe a los legisladores que integrarán la comisión de manera “urgente”. Además, reclamaron que se respete la proporción de representaciones políticas y que los diputados de UxP sean cuatro, mientras que desde la presidencia de la cámara sostienen que deben ser tres.
El amparo contra el DNU
También este viernes se supo que el juez Enrique Lavié Pico, del juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 6, aceptó la acción de amparo presentada por Fernando Espinoza, presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM), en contra del DNU. La FAM, compuesta por unos 500 intendentes, pidió concretamente que se deje sin efecto al decreto "hasta tanto se dicte sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada".
Asimismo, reclamaron "que se ordene, como medida urgente de protección cautelar, la inmediata suspensión de los efectos del decreto hasta tanto las Cámaras del Congreso de la Nación se expidan por la aceptación o rechazo del Decreto 70/23".
Entre los argumentos para sostener su pedido, los intendentes resaltaron que "el decreto cuestionado viola el presupuesto de validez esencial fijado por la Constitución, por cuanto arremete contra el principio general consagrado por el art. 99 inciso 3º, que es la prohibición del Presidente de dictar disposiciones de carácter legislativo".
En esa línea, sostuvieron que Javier Milei prefirió evitar la correspondiente intermediación del Congreso y “arrogarse facultades extraordinarias equivalentes a ejercer la suma del poder público”, para derogar un paquete normativo “de amplia vigencia en el país”.
Finalmente, señalaron que el DNU "viola el principio rector que sustenta el estatuto del poder: la separación de poderes y conduce a la suma del poder público", y que "constituye una amenaza cierta e inmediata sobre el sistema democrático".
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