A través de la Procuración del Tesoro que conduce Rodolfo Barra, el gobierno de Milei apeló el fallo de la Cámara de Trabajo que dejó en suspenso el capítulo laboral del DNU. El Ejecutivo llevó el caso a la Corte Suprema para que revise la decisión.
Desde que se dictó el DNU, la Justicia se llenó de presentación para suspender su aplicación. Tanto es así que el Gobierno se puso como objetivo frenar cualquier tentativa que pudiera poner en aprietos al decreto, y encomendó dicha tarea a Rodolfo Barra.
La CGT puso el grito en el cielo por el capítulo de la reforma laboral contenida en el DNU que, entre otras cosas, introducía cambios en las condiciones para los despidos, el financiamiento de los sindicatos, las asambleas, el período de prueba y la licencia por embarazo. El juez Ramonet recibió la denuncia de la central obrera, pero para ese momento rechazó dictar la precautelar dado que el DNU todavía no había entrado en vigencia.
Todo parecía encaminado para que las denuncias se archivaran. Barra se había presentado ante el juez en lo contencioso y administrativo, Esteban Furnari, quien tramitó el primer ampara contra el DNU y decidió inscribir el reclamo en un registro de procesos colectivos y fue concentrando decenas de demandas.
Barra le reclamó a Furnari que pidiera para su fuero la causa de la CGT, a lo que el magistrado dio lugar. Sin embargo, Ramonet se resistió y, finalmente, una vez que el DNU entró en vigencia, se dictaron los fallos de la Cámara de Trabajo que suspendieron la pata laboral del decreto.
La noticia tomó por sorpresa al Ejecutivo y Barra salió a criticar la decisión. Desde el Gobierno pensaban apelar el fallo para que la decisión quedara en manos del Contencioso Administrativo, pero dentro del fuero pasaron cosas.
Con la feria judicial ya iniciada, el juez Enrique Lavié Pico reemplazó a Furnari y decidió habilitar la feria para tramitar el DNU, así como desarmar el proceso colectivo que había iniciado su antecesor. De esta forma, el juez dio luz verde al fallo de la Cámara de Trabajo y el fuero contencioso quedó en condiciones de resolver si el decreto es constitucional o no.
Con esta ensalada judicial que se armó, al Gobierno no le quedó otra que ir a fondo con la demanda y presentarse ante la Corte Suprema de Justicia. Así, la Corte tendrá que decidir si sigue en pie el capítulo laboral del mega decreto, mientras la CGT se prepara para el paro que anunció para el 24 de enero. Una vez más, la moneda está en el aire y el futuro del decreto es una incógnita.
