El Tribunal Constitucional (TC) falló a favor del expresidente de Perú, Alberto Fujimori -que cumple una condena de 25 años por crímenes de lesa humanidad-, y ordenó su liberación del penal de Barbadillo. Ante esta situación, el actual gobierno de Dina Boluarte expresó que acatará la decisión del órgano y se dispondrá su salida.
Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) pidió a Perú que se abstenga de liberar al expresidente Alberto Fujimori hasta revisar si la orden del TC cumple con sentencias previas de la justicia continental.
Ahora, Perú se enfrenta a la disyuntiva de cumplir con una controvertida determinación del Tribunal Constitucional, -que ordena la liberación del expresidente que desde 2007 se encuentra en una prisión VIP-, o seguir la solicitud de la CorteIDH de no ejecutar esa sentencia.
La resolución publicada por la CorteIDH con fecha del 5 de diciembre, indica: "Requerir al Estado del Perú que, para garantizar el derecho de acceso a la justicia de las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta, se abstenga de ejecutar la orden del Tribunal Constitucional del Perú de 4 de diciembre de 2023, en donde se ordenó la 'inmediata libertad' de Alberto Fujimori Fujimori".
Ese mismo día, el Tribunal Constitucional emitió por segunda vez en una semana la orden de "liberación inmediata" del expresidente Fujimori, de 85 años, instando a la agencia encargada de las prisiones a llevar a cabo este acto.
Mientras tanto, la oficina de derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) emitió este miércoles una declaración con respecto a la decisión del Tribunal Constitucional de liberar al expresidente Alberto Fujimori.
#Peru: Tuesday’s order by @Tc_Peru releasing ex-President Fujimori from prison despite @IACourtHR decisions is a concerning setback for accountability.
Any humanitarian release of those responsible for serious human rights violations must be in line with intl law.
— UN Human Rights (@UNHumanRights) December 6, 2023
“Es un preocupante retroceso para la rendición de cuentas”. “Cualquier liberación humanitaria de responsables de graves violaciones de derechos humanos debe estar en conformidad con el derecho internacional”, señala el comunicado de la ONU sobre la decisión del Tribunal Constitucional.
No es la primera vez que habilitan la liberación del dictador. En marzo de 2022, el Tribunal Constitucional concedió el habeas corpus (una instancia jurídica en la que se podría ordenar la libertad inmediata del detenido si no encontrara motivo suficiente de arresto), presentado por la defensa legal de Alberto Fujimori en 2020, para que se considere como válido el indulto que se le otorgó.
Días después de ese pedido, la Corte IDH emitió una resolución en la que recordó que Alberto Fujimori fue condenado por los delitos de homicidio calificado y lesiones graves en perjuicio de las víctimas de los casos ‘Barrios Altos’ y ‘La Cantuta’. Pero ahora todo dio marcha atrás.
Por este motivo, la resolución firmada el martes por el presidente de la Corte IDH, Ricardo Pérez Manrique, requiere a Perú que no libere a Fujimori "hasta tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuente con todos los elementos necesarios para analizar si dicha decisión cumple con las condiciones establecidas en la Resolución de la Corte de 7 de abril de 2022".
Los crímenes de Fujimori
Alberto Fujimori gobernó Perú entre 1990 y 2000. Si bien fue electo en los noventas (derrotando a Mario Vargas Llosa), dio un autogolpe en 1992, disolvió el Parlamento, reformó la Constitución y fue reelecto en 1995 y 2000, en elecciones sospechosas. Años después, entre otros crímenes, fue sentenciado por crímenes de lesa humanidad, por ser responsable de las matanzas de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992) y los secuestros del periodista Gustavo Gorriti y el empresario Samuel Dyer Ampudia. También fue condenado por corrupción y espionaje, entre otras cosas.
