El Tribunal Constitucional (TC) ordenó la liberación del exdictador Alberto Fujimori, de 83 años, quien desde 2007 se encuentra en una prisión VIP, donde viene cumpliendo una condena de 25 años por crímenes de lesa humanidad.

De esta manera quedó sin efecto un fallo judicial que en octubre de 2018 había anulado por ilegal un indulto que le había otorgado el expresidente Pedro Pablo Kuczynski en diciembre de 2017. En ese momento, su abogado,  César Nakasaki, justificó esta decisión dramatizando sobre el estado de salud de su cliente, como cada vez que se ha buscado su liberación. Dicha anulación llevó al exdictador de regreso a la cárcel, pero ahora todo dio marcha atrás: con la restitución de ese indulto, Fujimori saldrá en libertad. 

En el TC hubo un empate de tres votos a favor y tres en contra, y fue el doble voto de su presidente, Augusto Ferrero, que rompió la igualdad a favor de Fujimori. Ferrero fue nombrado miembro del TC en 2017 por el Congreso con los votos fujimoristas que entonces tenían mayoría absoluta en el Legislativo.

Miles de ciudadanos se movilizaron en rechazo a la restitución del indulto, visto como un grave retroceso en los derechos humanos y una afrenta a las víctimas de la dictadura de Fujimori.

El presidente Pedro Castillo calificó el fallo del TC como "reflejo de la crisis institucional" en el país, y señaló que "los órganos de la justicia internacional a los que el Perú está adscrito y el estado de derecho deberán cautelar el ejercicio efectivo de la justicia para el pueblo". La vicepresidenta Dina Boluarte expresó su solidaridad con las víctimas de la dictadura fujimorista.

Tanto en las calles del centro de Lima, como de algunas otras grandes ciudades del país, miles de ciudadanos se movilizaron en rechazo a la restitución del indulto, visto como un grave retroceso en los derechos humanos y una afrenta a las víctimas de la dictadura del octogenario ex mandatario.

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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su rechazo tras el fallo. "La CIDH manifiesta profunda preocupación por la decisión del Tribunal Constitucional que ordena la libertad de Alberto Fujimori. Afecta el derecho a la justicia de las víctimas y obstaculiza el cumplimiento de obligaciones internacionales de la CIDH en los casos Cantuta y Barrios Altos", aseguraron vía Twitter.

Fujimori fue condenado en abril de 2009 a 25 años por el asesinato en noviembre de 1991 de 15 personas, entre ellas un niño de ocho años, acribilladas a balazos durante una fiesta para recaudar fondos en una humilde vivienda de Barrios Altos en el centro de Lima; y por el secuestro y ejecución de nueve estudiantes y un profesor de la Universidad La Cantuta, en las afueras de la capital peruana, en julio de 1992.