La jueza de la Cámara Federal de Casación Penal Ana María Figueroa fue denunciada penalmente por no renunciar y continuar en el cargo luego de cumplir 75 años. La denuncia fue realizada por la agrupación de abogados Bloque Constitucional, que la acusa de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, denegación de justicia y usurpación de autoridad.
El conflicto tiene que ver con que alcanzó la edad límite que fija la Constitución Nacional para continuar en el cargo. Sin embargo, Figueroa le envió ayer una nota al presidente del Consejo, Horacio Rosatti, en la que le informó que cumplió 75 años y que espera que el Senado de la Nación termine el trámite para que apruebe su continuidad en el cargo por cinco años más.
El martes pasado, la Figueroa les informó a sus colegas de Casación que, desde ayer, no firmaría más sentencias ni tomaría decisiones como presidenta del tribunal, cargo que ahora pasó al juez Mariano Borinsky. Pero tampoco se tomará licencia, por lo que si situación queda en un compás de espera.
Figueroa argumenta su decisión en la resolución del Consejo de la Magistratura 521/2017, que se dictó hace seis años para adecuar la situación de los jueces que ya habían cumplido los 75 años al fallo “Schiffrin” dictado por la Corte Suprema. En ese momento, se estableció que podían continuar provisoriamente en el cargo hasta que se acepte o rechace el pedido, siempre que suceda antes del cierre de las sesiones ordinarias “correspondiente al año siguiente al envío del pedido de acuerdo".
La denuncia penal contra Figueroa indica que un juez debe "conocer, participar de audiencias, acuerdos, fallar, fundar y, por supuesto, firmar todos los actos jurisdiccionales de la función que tiene a cargo". En este sentido, remarcan que "no cabe la posibilidad legal de ejercer la jurisdicción 'a medias', y la omisión arbitraria, total o parcial, de su ejercicio configuraría un incumplimiento de deberes de la función pública".
La decisión de Figueroa dejó en suspenso la definición sobre las causas Hotesur y Los Sauces, donde se define la situación procesal de la vicepresidente Cristina Kirchner y de sus hijos. La Sala I de Casación debe resolver si confirma los sobreseimientos o los revoca y ordena que se haga el juicio oral. Si Figueroa deja de ser jueza, podría retrasar varios meses la definición.
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