La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, decidió eliminar los planes sociales para aquellas familias que rechazaron un empleo y notificó a los aludidos a través de mensajes de texto. Ocurrió durante el fin de semana, cuando las familias afectadas recibieron un SMS que indicaba que desde el año que viene dejarán de percibir el subsidio.
El subsidio estatal, llamado "renta de ciudadanía", es un plan social introducido en 2019 para aquellos que no lograban encontrar trabajo. En total fueron 169.000 familias las que se quedaron sin esta ayuda, que alcanza a un total de 895.000 familias que recibieron la renta básica en junio, especialmente de regiones sureñas de Italia, como Nápoles o Palermo.
Meloni argumenta que el programa de planes sociales fracasó porque quitó el incentivo a los desempleados para buscar trabajo, además de ser muy susceptible de fraude. En su lugar, serán sustituidos por dos nuevas prestaciones.
La primera será el llamado "subsidio de inclusión", que ayudará a las familias que el gobierno considera más frágiles, es decir, aquellas que tienen al menos un menor, un adulto mayor o una persona con discapacidad. La otra se denomina "Apoyo a la Formación y el Trabajo" y estará dirigido a familias que tengan al menos un miembro en condiciones de trabajar.
Las nuevas herramientas son menos consistentes, tienen restricciones mucho más estrictas y obliga a buscar trabajo durante un periodo. La Confederación General de Italiana del Trabajo (CGIL) ha afirmado que "cientos de miles de personas se encontrarán sin apoyo en los próximos días".
El ex primer ministro italiano e introductor de la iniciativa de planes sociales, Giuseppe Conte, líder del Movimiento 5 Estrellas (M5S), señaló que la medida de Meloni busca desencadenar "una guerra ideológica con la piel de los pobres". Según Conte, “la suspensión de las ayudas es una venganza contra el M5S" y vaticinó que habrá tensiones durante el otoño.
La decisión, de hecho, ya generó múltiples protestas. En Terrasini, en la provincia de Palermo, un desempleado de 60 años invadió la alcaldía y amenazó con incendiar el lugar tras recibir la notificación del recorte de beneficios. En Nápoles, por otro lado, algunos manifestantes se reunieron en una oficina del Instituto Nacional de Seguridad Social, donde se reunieron con el director de la sucursal.
