El macabro asesinato de tres carabineros, cuya patrulla fue emboscada en un camino rural de la zona sureña de Cañete y luego fue incendiada, desató una crisis de seguridad que está convulsionando al gobierno de Chile.
Según los medios trasandinos, se trata del ataque más grave sufrido por la policía desde el retorno a la democracia, por lo que el Gobierno dispuso toque de queda en tres comunas de la Provincia de Arauco y decretó tres días de duelo nacional.
“Es importante en las investigaciones dejar que avancen, toda la información que se entrega es una alerta a los asesinos”, dijo el subsecretario del Interior, Manuel Monsalves y añadió que el gobierno interpondrá una querella por los delitos de infracción a la ley de armas y organización criminal a raíz de lo ocurrido la madrugada del sábado en la región del Bío Bío.
“Si logramos construir toda la evidencia para acreditar estos delitos, por lo bajo implica cadena perpetua calificada”, añadió el funcionario.
Si logramos construir toda la evidencia para acreditar estos delitos, por lo bajo implica cadena perpetua calificada
En medio del impacto nacional por el triple asesinato que también se reflejó en una serie de homenajes y saludos de condolencias a Carabineros en distintos puntos del país, la institución realizó un responso y dispuso de un ascenso póstumo a Carlos Cisterna Navarro, Sergio Arévalos Lobos y Misael Vidal Cid, que fueron ascendidos a suboficiales mayores y cuyos restos fueron entregados a sus familiares.
Entre las hipótesis que se manejan- sobre todo a nivel mediático- el asesinato se podría vincular a dos hechos: la postergada renuncia del general Ricardo Yáñez y la condena al weichafe Héctor Llaitul.
La primera tiene que ver con que se preveía que el presidente Gabriel Boric le pidiera la renuncia al general de carabineros, que será investigado en el marco de la investigación que se lleva en su contra por graves violaciones a los derechos humanos, con torturas inclusive, durante el estallido social de 2019. Tras el atentado, esta agende fue paralizada y la ministra de Interior, Carolina Tohá, aseguró que en este momento “no puede haber cambios en el mando de carabineros, porque no puede haber golpes en una institución muy golpeada”. Al mismo tiempo, los partidos de oposición pidieron al gobierno dar urgencia a un proyecto de ley de amnistía para los miembros de las Fuerzas Armadas y de orden y seguridad pública implicados en hechos de violaciones a los derechos humanos durante el estallido.
La segunda hipótesis, apunta a una represalia por el desfavorable fallo que recibió el lunes pasado Héctor Llaitul, líder de la Coordinadora Arauco Malleco, en el que fue condenado por los delitos de usurpación violenta, hurto de madera y atentado contra la autoridad, por los que arriesga 25 años de cárcel.
