En medio de debates políticos candentes, dos estrategias de seguridad—basadas en ideas de protección individual—ganaron atención pública en los últimos meses en Argentina. Por un lado, el diputado nacional Javier Milei se expresó a favor de la liberalización de la portación de armas como modo de defensa contra el delito. Por otro, durante una nota periodística sobre la inseguridad en Rosario, la diputada provincial de Santa Fe Amalia Granata se mostró por las calles de dicha ciudad vestida con un supuesto chaleco antibalas. Mas allá que luego saliera a la luz que la prenda blindada en realidad no era tal, la idea de protección a través del uso de ropa resistente a las balas es parte de una expansiva y lucrativa industria de la seguridad.
El público al que apunta la venta de indumentaria antibalas trasciende el de las fuerzas armadas o policiales; también se dirige a integrantes de la población civil que ve en estas prendas una promesa de tranquilidad y protección. Esto ilustra lo que yo llamo la “moda del miedo”: el uso de cierto tipo de indumentaria con el objetivo de maximizar la seguridad personal. La ropa blindada es parte de ese universo y constituye una respuesta basada en la militarización de los cuerpos y las subjetividades. Es también un abordaje individual a problemas sociales mediante la lógica neoliberal del mercado y del consumo para quienes pueden pagar. Cuando los barrios cerrados, las casas amuralladas, los sistemas de alarmas, las guardias de seguridad privada y la policía no se perciben como suficientes, el cuerpo-armadura es la última frontera.
La solución que ofrece la moda blindada se basa en la transferencia de tecnologías asociadas con indumentaria de guerra al sector civil—una estrategia que se viene ensayando desde hace décadas. Ya en los 80s, un artículo del New York Times se refería a la venta de ropa blindada para clientela de la población civil en Estados Unidos. Y en los años 90, Miguel Caballero, un empresario colombiano, lanzó la compañía que lleva su nombre, especializándose en ropa blindada y contando entre su clientela a celebridades y líderes de la política. A diferencia de Amalia Granata, cuyo interés era ser vista con un chaleco antibala (teniendo que aclarar ex post facto que no lo era), Caballero ha ofrecido a través de los años una variedad de prendas que esconden el material balístico. Es decir, se trata de ropa en apariencia “normal,” e incluso a la moda: blusas para mujeres, chaquetas para hombres, camperas, sacos y ropa a medida. Luego de la masacre en la escuela Sandy Hook en Connecticut, Estados Unidos, en el 2012, Miguel Caballero también promocionó una serie de mochilas infantiles blindadas, dirigidas especialmente al mercado de aquel país.
En Estados Unidos, donde las leyes son excepcionalmente permisivas en cuanto a la portación de armas, el tema de su regulación está en el centro de controversias políticas, particularmente dada la gran cantidad de vidas que se pierden cada año a través del uso de armas de fuego. Si bien los tiroteos masivos (mass shootings) son una minoría entre otras instancias de violencia con armas (gun violence), tales masacres tienden a generar especial estupor y alarma social. De acuerdo a datos del Gun Violence Archive—que define a dichos tiroteos como eventos en que al menos cuatro personas, excluyendo a quien dispara, son heridas o muertas—hubieron alrededor de 4,036 tiroteos masivos entre el 2014 y 2022. Hay quienes ven en la proliferación y fácil acceso a las armas gran parte del problema, mientras que otros, ven en las armas una buena medida de la solución, inclusive abogando por armar al personal docente. Sin embargo, la circulación de armas en realidad exacerba los problemas sociales, genera peligro en situaciones políticas volátiles y se presta a accidentes o disparos por error, incluso involucrando a menores de edad. Asimismo, la presencia de armas agrava el riesgo de muerte para mujeres en situaciones de violencia de género.
En el contexto de persistentes episodios de violencia con armas, particularmente aquellos que atraen la atención de los medios de comunicación masiva, algunas compañías basadas en Estados Unidos, o con distribución de productos en el país, también venden una variedad de prendas antibalas: desde vestidos, chaquetas, pantalones, buzos y mochilas, hasta guardapolvos médicos y chalecos blindados recomendados para personal docente. Este tipo de indumentaria ofrece no solo “seguridad”, sino también apela a las emociones, los deseos y la fantasía. En mi análisis sobre las representaciones de este tipo de productos—en mi libro Bulletproof Fashion: Security, Emotions, and the Fortress Body—muestro el rol que juegan en tales interpelaciones las ideas normativas acerca de la masculinidad y la feminidad, entramadas con otros vectores de diferencia y desigualdad, como por ejemplo, la clase social y la racialización.
Asimismo, me pregunto acerca de las nociones de seguridad que el cuerpo “blindado” representa, y que tipo de mundos se proyectan cuando el miedo, la desconfianza y el repliegue hacia lo individual están a la orden del día. Mas bien, es importante pensar formas de seguridad que no conllevan soluciones armamentistas—ya sea a nivel individual o estatal—sino considerar las raíces de la violencia y los mecanismos que la reproducen. Desde un punto de vista feminista, organizaciones como Women for Genuine Security (Mujeres por la Seguridad Genuina) desafían las nociones de seguridad que promueven la militarización de la vida. En cambio, proponen lo que llaman una “seguridad genuina.” Se trata de una seguridad basada en la justicia social, las relaciones de cuidado, la protección del medio ambiente, el respeto a las identidades culturales y el desmantelamiento de los sistemas de opresión anclados en el género, la raza, la sexualidad y la clase social, entre otros. Es decir, esta conceptualización sugiere que la protección de la vida no radica en la proliferación de las armas o una sociedad fortificada.
Luego de dos notorias masacres en el 2022 (un ataque racista en un supermercado en Buffalo, Nueva York, que dejó 10 personas afrodescendientes muertas, y una masacre en Uvalde, Texas, que terminó con la vida de dos maestras y 19 estudiantes de primaria) el congreso de Estados Unidos y el presidente Joe Biden aprobaron un paquete de medidas para tratar de paliar la situación. Aunque hay quienes consideran esta intervención como tardía e insuficiente, también fue interpretada como un avance entre quienes se preocupan por la violencia armada. Ojalá que quienes lideran países donde la noción de un supuesto “derecho a las armas” no posee raigambre social o política, sepan considerar los peligros asociados con la proliferación de armas de fuego. En lugar de maniobras oportunistas y poco originales en dirección armamentista, mejor sería dirigir la imaginación y acción política hacia una seguridad genuina, resolviendo los problemas de fondo que contribuyen a la violencia.
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