Esta semana los legisladores de la Asamblea Nacional de Francia aprobaron una ley que, entre sus implicancias, habilita a la policía a espiar sospechosos activando remotamente la cámara, el micrófono y el GPS de sus celulares y otros dispositivos. La medida fue aprobada en medio del rechazo de varios dirigentes de partidos de izquierda y de organizaciones defensoras de derechos digitales.
La medida aprobada en Francia es en realidad parte de una reforma judicial más amplia, pero fue el aspecto del espionaje el que despertó mayor debate y más repercusiones a nivel internacional. Se trata de autorizar a la policía francesa para geolocalizar notebooks, autos, celulares y otros dispositivos que tengan conexión a internet, incluyendo la posibilidad de espiar a sus usuarios a través de las cámaras y los micrófonos de los mismos.
Esta clase de espionaje sería legal solamente cuando exista la orden de un juez y cuando se aplique a sospechosos de crímenes para los cuales haya una pena de al menos cinco años de cárcel. También se podría ejercer sobre personas acusadas de haber cometido ataques terroristas, actos de delincuencia y de participación en el crimen organizado, según precisó el diario francés Le Monde.
Para el grupo defensor de los derechos digitales La Quadrature du Net, esta clase de medidas “despiertan serias preocupaciones sobre la violación de libertades fundamentales” como “el derecho a la seguridad, el derecho a la vida privada y a la correspondencia privada” y “el derecho a circular libremente”. Asimismo, calificaron al accionar del gobierno de Francia como un “desliz hacia la seguridad de mano dura”.
Sin embargo, el ministro de Justicia Éric Dupond-Moretti insiste en defender la norma asegurando que “salvaría vidas” y que solamente se aplicaría a “docenas de casos al año”. En este sentido, intentó traer tranquilidad a la población asegurando que “estamos bien lejos del totalitarismo de 1984”, en alusión a la novela distópica de George Orwell.
Asimismo, ante el rechazo de varios sectores de la sociedad civil, los miembros del Parlamento francés alineados con el presidente Emmanuel Macron emitieron el miércoles pasado una enmienda que limita el uso de este tipo de espionaje a casos en los que la acción esté “justificada por la naturaleza y seriedad del crimen” y restringida a un límite de tiempo que no exceda los seis meses.
Además, quienes se desempeñen en “profesiones sensibles” como los médicos, los periodistas, los abogados, los jueces y los miembros del Parlamento quedarían excluidos del universo de personas potencialmente espiadas.
