Este último Ni Una Menos, nos encontró organizadas y en las calles unificando nuestro grito colectivo de “Vivas, libres y desendeudadas nos queremos” y junto a esa consigna la violencia económica y la obligación alimentaria estuvieron en el centro de la escena. Tendederos de deudores alimentarios cruzaron las plazas y transformaron el hartazgo en organización feminista, visibilizando la larga lucha que vienen dando las mujeres, los colectivos feministas y familias monomarentales.
El incumplimiento de la cuota alimentaria por parte de los progenitores varones es una de las formas más extendidas y naturalizadas de violencia de género: la violencia económica. La división sexual del trabajo, el accionar de la justicia y la complicidad patriarcal hacen que las demandas de las mujeres por el cumplimiento de la cuota y la corresponsabilidad en los cuidados se torne un laberinto repleto de obstáculos y escasas salidas posibles.
En diciembre de 2019, desde el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la Provincia de Buenos Aires, se tomó la decisión de abordar este tema partiendo de la elaboración de un informe que sirviera de base para el desarrollo de políticas públicas. Uno de los propósitos fue confeccionar y visibilizar un diagnóstico y datos públicos situados y con enfoque de género que dieran cuenta de la trama de injusticias y violencias en las que están inmersas las mujeres con respecto al incumplimiento alimentario. La investigación fue coordinada por Sabrina Cartabia, Sol Calandria y Lucía Cavallero, y participó un equipo interdisciplinario de la Subsecretaría de Políticas de Género y la Dirección de Investigaciones del MMPGDS.
Los resultados del informe “Incumplimiento de la obligación alimentaria en la Provincia de Buenos Aires” son contundentes y constatan una realidad que todas conocemos, pero no deja de impactarnos por su profundidad y sistematicidad: 7 de cada 10 mujeres no percibe la obligación alimentaria por parte de los progenitores o solo la recibe de manera irregular e intermitente.
El incumplimiento atraviesa de manera transversal a todos los sectores sociales pero golpea más duramente a aquellos hogares monomarentales de los sectores populares. Frente a esa situación las mujeres se dan una multiplicidad de estrategias para solventar la economía familiar, que incluyen principalmente incrementar las horas de trabajo y hasta el endeudamiento.
A los malabares que realizan para sostener económicamente el hogar se suman los que deben hacer para garantizar el cuidado, pues generalmente el incumplimiento de la obligación alimentaria viene acompañado de la desvinculación de las responsabilidades de cuidado. Por eso las redes familiares y comunitarias se vuelven un sostén insoslayable para garantizar los cuidados. Esta ausencia en la responsabilidad de los cuidados, tal como se demuestra en el informe, no aparece repentinamente al momento de la separación sino que es una forma del ejercicio de la paternidad que se encuentra previamente y que, eventualmente, se agudiza luego de la separación.
Esta situación expresa una clara desigualdad de género y una forma de violencia económica para las mujeres que está tan enraizada culturalmente, al punto de que la sociedad naturaliza la ausencia paterna y desvincula las obligaciones parentales que garantizan los derechos elementales de niñas, niños y adolescentes. Es decir que el incumplimiento de la obligación alimentaria al mismo tiempo que desvincula a los progenitores de sus responsabilidades paternas, exige a las mujeres que condicionen sus vidas, y afronten en soledad las responsabilidades derivadas de la crianza y cuidado de hijas e hijos. Esto tiene un fuerte impacto económico, físico, emocional y psicológico tanto en las mujeres como en la vida de niñas, niños y adolescentes.
¿Qué pasa cuando una mujer decide iniciar una demanda por alimentos? Lejos de solucionarse, el problema se transforma en un sin fin de obstáculos legales que resulta un desincentivo. La falta de información, de acceso al asesoramiento, el enfoque adversarial, la falta de perspectiva de género del sistema judicial y la complicidad patriarcal, que se expresan en las demoras en el proceso, extensión del uso de estrategias dilatorias, el agotamiento y las situaciones de violencia de parte del sistema judicial, son algunas de las situaciones que desalientan las demandas y producen el hartazgo de las mujeres.
La presentación del informe estuvo acompañada de más de 30 sugerencias para la acción que buscan dar respuestas de manera conjunta y articulada entre los tres poderes del Estado. Algunas de ellas están basadas en reformas legislativas como la modernización de las notificaciones telemáticas, ya que un obstáculo central que enfrentan quienes reclaman es la imposibilidad de dar inicio a la intervención judicial por la imposibilidad y las demoras que genera la notificación personal en papel. La construcción de un índice de crianzas, establecido recientemente por INDEC y MECON de acuerdo al anuncio realizado por el ministro de Economía y el titular del INDEC, para establecer parámetros estandarizados respecto al costo mínimo del cuidado. La homologación en los convenios sobre alimentos entre particulares para su ejecución con reglas unificadas, claras y simples. La unificación nacional del Registro de Deudores, permitiría por ejemplo, tomar medidas de alta eficacia para compeler al pago como la inclusión de los padres deudores en la Central de Deudores del BCRA y el ingreso al VERAZ.
La visibilización de esta problemática, la publicación de datos y el avance del diálogo para construir políticas e iniciativas que den respuestas, implica asumir que la obligación alimentaria y la división del trabajo de cuidados, ya no puede considerarse una cuestión privada o doméstica, sino un tema central para la sostenibilidad de la vida y la igualdad.
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