Cinco gendarmes fueron condenados este miércoles por reprimir a una murga de niñas, niños y adolescentes en el sur del barrio porteño de Flores, conocido como Bajo Flores, en enero de 2016 en los primeros meses de gestión de Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad.
El operativo había dejado varios heridos, entre ellos un niño de ocho años que casi pierde un ojo y otro con una profunda herida en la pierna. Además de las perforaciones con balas de goma que sufrieron algunos adultos y adultas.
"Es la primera vez en años que siento que la justicia existe para la gente de los barrios populares", destacó Florencia Torres en diálogo con Página 12, querellante que había recibido 17 perdigonazos al proteger con su cuerpo a su hijo y a una niña, y agregó: "Sufrimos mucho la condena social y la estigmatización con mentiras, pero ahora la verdad salió a la luz".
Después de la represión, la murga Los Auténticos Reyes del Ritmo dejó de funcionar como espacio recreativo y de contención para menores en el barrio de Flores. Incluso al director Gustavo González le armaron una causa, lo allanaron y le rompieron sus instrumentos. Luego, lo absolvieron.
Qué condena deberán cumplir los gendarmes
El Tribunal Oral 12, integrado por Darío Medina, Claudia Moscato y Luis Márquez, dispuso diferentes condenas para los gendarmes involucrados. Elvio Ezequiel Cardozo, quien estaba a cargo del operativo en el Bajo Flores, Darío Fernando Soler Páez, Saúl Humerto Juáres y Esteban Smolares deberán cumplir con tres años y seis meses de prisión e con una inhabilitación por siete años para ejercer cargos públicos.
Mientras que a Yanina Maldonado le impusieron una pena de tres años y a Guido Cativa lo absolvieron. Sin embargo, los jueces rechazaron el pedido de detención inmediata hecho por la fiscala Ángeles Ramos, medida que se concretará solo si la sentencia queda firme.
Los delitos por los que fueron condenados son vejaciones en concurso ideal con lesiones leves agravadas por el empleo de arma de fuego y por abuso de sus funciones.
"Quedó en evidencia la gravedad de los hechos y la decisión del tribunal manda un mensaje muy claro de que la violencia institucional no puede tolerarse. Hubo un abuso grosero de las funciones de un grupo de seis funcionarios que, para abrirse paso de prepo por un lugar repleto de gente que ensayaba para una murga, dispararon más de veinte veces con municiones antitumulto contra los cuerpos de chicos y chicas, adolescentes, madres y padres que los acompañaban en el ensayo. Esos disparos dejaron hasta el día de hoy las marcas en los cuerpos de las víctimas, y solo por fortuna no dejaron a alguien ciego", consideró en diálogo con Página 12 Pablo Rovatti, del Programa de Asistencia y Patrocinio Jurídico a las Víctimas de Delitos de la Defensoría General, que representa a la mamá de "Carlitos" Suca, el niño herido en un ojo.
