La AFIP le había iniciado un juicio por evasión de unos $50 millones en concepto de Impuesto sobre los Bienes Personales a Susana Giménez y el Poder Judicial decidió cerrar la causa. Así que la diva quedó libre de toda pena.

"Nos encontramos frente a una ciudadana que no realizó ninguna conducta pasible de ser considerada engañosa o ardidosa en los estrictos términos que reclama la ley penal", resolvió el juez Diego Amarante.

La diva había rechazado la denuncia por el supuesto fraude fiscal y, gracias a sus contadores y abogados, el juez determinó: "Habiéndose limitado, en cambio, a canalizar su reclamo dirigido a morigerar la obligación tributaria, mediante la utilización de las herramientas legales adecuadas".

Amarante aseguró que la conductora no negó en ningún momento su capacidad fiscal ni hizo artimañas para "desdibujarla". Incluso reconoció que Susana Giménez ejerció "su derecho constitucional de peticionar a las autoridades (artículo 14 de la Constitución Nacional)" y reclamó "desde su perspectiva influía directamente sobre la determinación que correspondía hacerse del impuesto en cuestión".

En agosto la AFIP denunció a la diva por supuestamente negarse a presentar la Declaración Jurada de Bienes Personales de 2019, paso previo indispensable para pagar dicho impuesto. Así que la Administración Federal de Ingresos Públicos determinó que adeudaba $50 millones que, entre multas e intereses, podía subir hasta $300 millones.

La conductora sí había respondido a los requerimientos previos, pero no presentó la declaración jurada de Bienes Personales por considerar "confiscatoria" la reforma sancionada en Congreso en 2019.