La semifinal entre Vélez Sarsfield y Argentinos Juniors se jugará este domingo a las 15:30 horas en San Nicolás de los Arroyos, a más de 250 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, en un estadio que está en el medio de un descampado, cercano a la triple frontera entre las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos.
Pese a que ambos equipos tienen sus estadios separados por 5,7 kilómetros y hay más de 36 estadios en el Área Metropolitana de Buenos Aires, la administración de Claudio “Chiqui” Tapia decidió que el partido se jugara en un estadio que no es sede de ningún club profesional. Y aunque la medida es extraña, no es la primera vez: el coliseo san nicoleño, inaugurado en 2019, también fue la plaza donde se jugó la semifinal del anterior torneo entre Platense y Godoy Cruz. El año pasado, además, se jugó el ascenso entre Belgrano ante Brown de Adrogué; se despidió a la Selección Femenina antes del Mundial de Australia y se jugó un amistoso internacional entre River y Universidad Católica.
“No trates de entenderla, disfrutala”, fue el lema que usó el presidente del fútbol argentino cuando trasladó la final de la Copa Libertadores a Madrid, en un negocio de relocalización de localías que, a la larga, se terminó volviendo habitual. Esta semifinal en un ignoto estadio, con todos los gastos que implica para los hinchas es una muestra de ello.
El estadio de San Nicolás es la sede porque paga para ello, en un mercado de localías bastante discrecional del que se benefician sus protagonistas. De la misma manera, lo hizo Córdoba para alojar el Boca-River y, ahora nuevamente, el duelo entre Boca y Estudiantes.
En el caso de San Nicolás de los Arroyos, informa una fuente de AFA, se trata además de un compromiso que hizo AFA con el clan Passaglia- Ismael, Manuel y Santiago- que gobierna esa ciudad desde 2011. Con militancias en el PJ, PRO y ahora en el Republicanismo Federal (de la coalición de Pichetto), los Passaglia crearon la Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria (SAPEM) “Descubrí San Nicolás”, con la que construyeron el moderno estadio en 2014 y, además, gestionan el autódromo, la terminal de ómnibus y el cementerio, entre otras unidades de negocios. De hecho, en un predio de propiedad de esta familia -con el apoyo de Clarín y La Nación- se organiza desde 2017 el tradicional encuentro ExpoAgro, que congrega a los principales actores económicos del campo.
Las cosas, sin embargo, se complicaron para los Passaglia el pasado lunes 18 de marzo, cuando el juez Marcelo Bailaque autorizó el allanamiento de la sede municipal en el marco de una investigación sobre corrupción en torno al abultado patrimonio de este clan que, según acusan los fiscales, habría utilizado la sociedad anónima como una plataforma jurídica para manejar recursos públicos a espaldas del poder legislativo local.
