El Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana (ISEPCI) publicó su último relevamiento mensual sobre los productos de la Canasta Básica de Alimentos en comercios de cercanía del Conurbano bonaerense. Con un aumento del 14% en febrero, el rubro ya acumula casi un 70% de incremento en lo que va del Gobierno de Javier Milei.
El relevamiento mensual de ISEPCI se realiza sobre 57 productos de la Canasta Básica de Alimentos para generar el “Índice Barrial de Precios (IBP)”, que mide los valores de los productos alimenticios en comercios de cercanía de 20 distritos del Conurbano. En febrero, estos bienes “subieron 14,12%” y “desde que asumió este gobierno, en diciembre del año pasado, aumentaron 69,72%”, precisaron los investigadores.
De este modo, “una familia de dos adultos/as y dos hijos/as pequeños/as en noviembre 2023 necesitaba para alimentarse durante treinta días $182.905,48” y, “tres meses después, en febrero, la misma familia requirió para comprar los mismos productos $310.431,58; o sea, debió sumar a estos gastos indispensables para su alimentación familiar $127.526,10 (+69,72%)”.
Por otro lado, la Canasta Básica Total (CBT) aumentó en una proporción similar, un 66,57%. Se trata de productos “igualmente indispensables para la vida cotidiana”, como los vinculados a salud, educación, transporte, tarifas del hogar, entre otros. En febrero, “la misma familia de cuatro integrantes que en noviembre necesitaba $393.243,07” para cubrir esta canasta, requirió ahora $665.011,27.
“Desde la llegada al gobierno nacional por parte de la actual administración, el rubro que más subió entre los alimentos de la CBA es el que contiene los productos de almacén (75,16%), seguido por Frutas y Verduras (68.95%), mientras que las carnes aumentaron 62,01%”, apuntaron a continuación desde el ISEPCI.
Sobre el final, el Instituto advirtió que dichas cifras indican que los principales “destinatarios del ajuste” son “los/a jubilados/as, trabajadores/as, o receptores/as de asignaciones sociales; mientras se multiplican las reuniones con funcionarias del FMI y otros organismos internacionales en los que se afinan los planes para garantizarles el pago de las deudas públicas contraídas, muchas de ellas ilegalmente”.
También cuestionaron la propuesta de reducir el gasto público a no más de un 25% del PBI, señalando que en los países desarrollados ese “gasto” supera el 30%, el 40% y hasta el 50%. El porcentaje propuesto por el Gobierno, consideraron, “nos pondría entre los países cuya distribución del ingreso está entre las más desiguales del mundo, lejos, muy lejos, de los más desarrollados”.
