Entre los cientos de artículos de la ley “Bases y Puntos de Partida Para la Libertad de los Argentinos”, popularmente conocida como Ley Ómnibus, hay siete dedicados a la temática “Ambiente” que, en unas pocas líneas, introducen modificaciones fundamentales en la legislación ambiental argentina. Sus dos objetivos principales: los bosques y los glaciares. Aunque la idea de “la libertad de los argentinos” puede sonar amplia, el capítulo tres del sexto título del proyecto habilita a completar el concepto: libertad de los argentinos (y extranjeros) que queman tierras, de los que desmontan bosque nativo y de los que emprenden proyectos mineros atentando contra la conservación de los glaciares.
Desde que empezó a debatirse en el plenario de comisiones del Congreso, la Ley Ómnibus fue objeto de largas discusiones que involucraron la participación de varios representantes de la sociedad civil. Entre ellos figura el abogado ambientalista Enrique Viale, cuya exposición se volvió viral en redes sociales por lo contundente y, sobre todo, por apuntar hacia los personajes que, sostiene, están detrás de la redacción de los artículos sobre ambiente. Eduardo Elsztain, Mauricio Macri, Luis Caputo y la empresa Barrick Gold fueron los nombres que resonaron desde el micrófono de Viale como algunos de los principales beneficiarios de las modificaciones que generaría la ley.
“Son propietarios de campos donde hay bosques nativos que están protegidos por la actual ley y que no pueden ser desmontados y deforestados, según lo que establece la legislación actual. En el caso de la modificación que propone el Ejecutivo a partir de la Ley Ómnibus, esos bosques podrían ser desmontados para avanzar con el agronegocio, con soja, con ganadería, lo que quieran”, explicó en diálogo con Diario Con Vos. Como señala Viale, el artículo 500 del proyecto habilita el desmonte “de bosques nativos que se encuentren bajo la categoría I y II”, considerados de “muy alto” y “mediano” valor respectivamente por la legislación actual, que directamente prohíbe talarlos.
Más tarde, trascendió que el dictamen de mayoría “aclara” que no se permitirán los desmontes en esas zonas, aunque la incertidumbre sigue siendo grande en un contexto de idas y vueltas y denuncias sobre reescrituras y cambios al texto hechos por fuera del recinto. Además, se suele pasar por alto que el proyecto de ley original elimina la obligación de las autoridades a brindar constantemente información pública sobre el estado de los bosques nativos y los proyectos que podrían dañarlo.
La Ley Ómnibus también modifica la Ley de Quemas. “Hasta ahora, para cualquier quema que haga un productor, tiene que pedir una autorización del Estado y esperar que se la autoricen o no. En el proyecto original hablaban de que si en 30 días el Estado no contestaba, era una autorización tácita. Y ahora lo pasaron a 90 días, pero sigue siendo una autorización tácita”, detalla Viale. En concreto, cualquier persona podría solicitar autorización para prender fuego un terreno determinado y, por omisión, el Estado podría permitirlo: basta con que tarde 90 días en responder y el incendio se dará por autorizado.
Es un impacto muy grande que tiene consecuencias muy concretas en los ecosistemas, en la regulación del recurso hídrico, en las lluvias.
Enrique Viale
Imaginando qué pasaría si el capítulo de Ambiente de la Ley Ómnibus prospera, Enrique Viale sostuvo que estaríamos ante "uno de los daños ambientales irreversibles más grandes de los que tengamos memoria" y que "el 80% de los bosques actuales estarían a merced de la deforestación". Insistiendo en lo irreversible de la destrucción, Viale lamentó con sarcasmo que “después los árboles no los podés pegar” ni volver a plantar como si nada. “Es un impacto muy grande que tiene consecuencias muy concretas en los ecosistemas, en la regulación del recurso hídrico, en las lluvias, para atenuar la sequía, para atenuar las inundaciones”, subrayó.
Los "nombres y apellidos" detrás de las modificaciones ambientales de la Ley Ómnibus
En línea con lo señalado durante su exposición en el Congreso, Enrique Viale se refirió al impulso que recibirían las finanzas de un conjunto de terratenientes si tuvieran vía libre para desmontar y quemar. “Elsztain tiene 120 mil hectáreas de bosque nativo. Macri tiene 10 mil hectáreas en otro lugar de Salta, que no puede desmontar. Si eso se transforma de un día para otro significa, en términos económicos, cientos de millones de dólares. Además de la destrucción, por supuesto, del bosque nativo, que es más importante que los millones de dólares”, apuntó.
¿Cuáles son, en concreto, los negocios y los antecedentes de estas personas que llevan a Viale y otros referentes ambientalistas a señalarlos como promotores e incluso autores intelectuales de la Ley Ómnibus?
Eduardo Elsztain
Dueño de una declarada “fe” en el presidente y del Hotel Libertador, donde Javier Milei se alojó hasta mudarse a Olivos, el empresario Eduardo Elsztain tiene en sus manos unas cuantas cosas más: la desarrolladora inmobiliaria IRSA, el Banco Hipotecario y las agropecuarias BrasilAgro y Cresud. También es presidente de la empresa Austral Gold y cofundador de Endeavor Argentina, y presenta el detalle de haber saltado en los Panamá Papers.
En este contexto, merece especial mención la agropecuaria Cresud, la cual, según su propia web, tiene “aproximadamente 800 mil hectáreas bajo manejo en 24 campos propios” de diferentes países. Como señalaba Enrique Viale, varias de sus propiedades coinciden con las áreas de bosque nativo protegido que la Ley de Bosques prohíbe desmontar.
Mauricio Macri
Además de su paso por la Administración Pública, en la trayectoria de Mauricio Macri resalta la tradición empresarial de su familia, dueña del Grupo que lleva su mismo apellido.
En el mismo departamento salteño que Elsztain, Macri posee una extensión de tierra que declaró como 373 hectáreas pero que en realidad son, como denunció Página/12 en 2016, más de 10 mil, y también son parte del territorio protegido contra el desmonte. Como socios suyos en ese emprendimiento figuraban Nicolás Caputo, Carlos Taboada y José María y Pablo Torello, entre otros.
Luis Caputo
En ocasiones, lograr que una ley se cumpla es tan difícil como conseguir su aprobación en el Congreso. El caso del actual ministro de Economía lo ejemplifica bastante bien, dado que, además de ser socio de una empresa interesada en áreas protegidas, fue señalado como cómplice de una serie de desmontes ilegales y desplazamientos de comunidades.
Así lo reportaba La Política Online en 2018, cuando se refirió a la sociedad del entonces ministro de Finanzas con los dueños de Sacha Rupaska S.A, una compañía agropecuaria cuyo nombre resonó por haber comprado terrenos en Santiago del Estero “con un pueblo adentro”, al que intentó desalojar mediante la fuerza.
En 2018, organizaciones ambientales como Greenpeace denunciaron a esa empresa por desmontar en zonas de nivel amarillo, violando la Ley de Bosques. Se trataba de aproximadamente 500 hectáreas de un predio llamado Calancati, en el departamento de Copo.
La guerra de Barrick Gold contra la Ley de Glaciares y su interés en la Ley Ómnibus
“Los glaciares son fábricas de agua, dan vida y trabajo a partir de los ríos”, recordó Enrique Viale, que no puede creer que estemos volviendo a dar “debates del siglo XIX”. Si la Ley Ómnibus se aprueba, redefiniendo lo que se considera glaciar para permitir el avance de las mineras, habrá “pueblos enteros que pueden quedarse sin agua”, advirtió el abogado.
Viale afirmó, además, que el artículo sobre glaciares “es totalmente inaceptable y está hecho a medida de las grandes corporaciones mineras”, e insistió: “Lo escribieron ellos, el nivel de detalle que tiene la modificación claramente evidencia que no lo escribió el Gobierno”. En este sentido, cabe señalar los intentos de mineras como la Barrick Gold por derribar la Ley de Glaciares, argumentando que ésta "atenta" contra su "derecho de explotación".
¿Qué hace la Ley Ómnibus con los glaciares? “Achica notablemente las áreas protegidas. No solo eso, sino que pone algunos requisitos, como que tengan significancia hídrica, y eso es una subjetividad que va a generar un montón de arbitrariedades", contestó Viale y agregó que se suma como requisito que tengan "un tamaño mayor a una hectárea".
Con estas redefiniciones de lo que se considera glaciar y lo que no, ajustadas a “lo que venían pidiendo las grandes mineras”, decenas de ellos quedarían desprotegidos.
Además, el proyecto “hace desaparecer” a los periglaciares, ambientes de clima frío con suelo congelado que también funcionan como reservas de agua. Mientras la actual Ley de Glaciares los protege, la modificación que propone la "Ley Bases" permitiría el avance de la actividad minera sobre ellos excluyéndolos de las definiciones legales. Para Viale, semejante “regresión” es “manifiestamente inconstitucional”.
Retroceder un siglo
“Hay un principio de no regresión ambiental que está en el Acuerdo de Escazú, que Argentina ha firmado hace unos años, que (establece que) cuando uno ha alcanzado un determinado nivel de protección ambiental, no puede retroceder”, recordó el abogado.
A propósito de la regresión, señaló que el ambientalismo fue crítico del “consenso extractivista” en “todos los gobiernos” y marcó un elemento que distingue a la gestión actual: “La vuelta de tuerca de la liberalización que hace Javier Milei retrocede los debates décadas, si no un siglo. Estamos debatiendo si el cambio climático existe, si los bosques o los glaciares tienen que ser protegidos, si nos podemos reunir, manifestar, todos derechos del siglo XIX, todos derechos humanos de primera generación”.
Teniendo en cuenta que el DNU 70/23, vigente desde diciembre, derogó la Ley de Tierras Rurales que limitaba la extranjerización de la tierra, Viale alertó que “ese combo de liberalizar la compra de capitales extranjeros y decirle ‘podés destruir bosques, glaciares, humedales’ es un combo totalmente destructivo”, en línea con la categórica afirmación que lanzó durante una columna radial: “Es una invitación mundial a destruir el territorio argentino”.
Foto: Télam.
