La Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los argentinos, conocida como Ley Ómnibus, es un megaproyecto de 523 artículos (664 originalmente), que ayer obtuvo dictamen de mayoría en el plenario de comisiones y ahora pasará a sala con 170 puntos de disidencia.
En el contexto del paro general convocado por la CGT en contra de esta ley- que a diferencia del Decreto con Necesidad de Urgencia 70/32, deberá ser debatida en su contenido por el Congreso- quisimos sintetizar sus diez puntos más polémicos.
1.- Concentración de poderes
La ley declara al país en Estado de Emergencia y, merced de aquello, le otorga al presidente la facultad de asumir funciones legislativas durante dos años (podría reducirse a uno). Este es el punto más polémico de todos, pues delega en la figura del presidente la suma del poder público y lo faculta a ejecutar, al día siguiente de su aprobación, lo que necesite o se le antoje, incluso aquello a lo que hoy se comprometa a renunciar.
2.- Privatizaciones
La ley enumera más de 40 empresas del Estado a las que declara “sujetas a privatización” y le entrega al gobierno la facultad de enajenar las participaciones accionarias o el capital que no le otorguen el control. En la ronda de negociaciones, se puso en entredicho la privatización de varias de estas empresa- YPF y Banco Nación- y se solicitó que se voten caso por caso.
3.- Derecho a protesta
La ley presenta todo un articulado en materia de seguridad que restringe fuertemente el derecho a protesta en el país. Si bien la propia ministra del rubro, Patricia Bullrich, dio “por retirado” el artículo que prohibía la reunión de más de tres personas en la vía pública, persiste todo un capítulo en el que se introducen penas de hasta cinco años a quienes organicen protestas que interrumpan el tránsito y se eliminan las penas a las fuerzas de seguridad que utilicen armas durante su servicio.
4.- Licuación de las Jubilaciones
El proyecto también declara la emergencia en materia previsional y adelanta un régimen de ajuste de haberes conforme a la variación del IPC del mes anterior. El gobierno adelantó que esta fórmula se aplicaría desde abril, con lo que dejará de aplicar el actual reajuste trimestral y, en vez de aplicar el porcentaje correspondiente a la variación inflacionaria de los tres primeros meses del año, aplicará solo la de marzo. Un atraso de dos meses que "licúa" los ingresos de los jubilados.
5.- "Defunción" de la Industria
La ley, según la Unión Industrial, representa el “certificado de defunción del sector”, ya que establece una retención a las exportaciones industriales casi doce puntos por arriba de la actual (pasa de 3,5% a 15%).
Desde el sector, además, acusan que la desregulación renuncia a la sustitución de importaciones y pone en jaque a sectores como el textil y el electrónico. Por fuera de la ley, acusan que la fuerte baja en el consumo está fundiendo a todas las empresas y que, más encima, el gobierno subió el impuesto PAIS de 7,5% a 17%.
6.- Contra el campo
La ley estableció aumentos en las retenciones a los precios de la soja, el maíz y el trigo, con lo que generó mucho malestar en el campo, ya que en campaña el presidente prometió tomar medidas en el sentido opuesto. La convicción de Milei es que aumentando estos tributos, podrá obtener los dólares necesarios para levantar el cepo en los meses de marzo o abril.
7.- Emergencia ambiental
Este nuevo cuerpo legal echa por tierra todo lo avanzado con la Ley de Glaciares, a través de su redefinición, ya no como “bien de uso público”. La ley plantea una nueva serie de requisitos para declarar bajo protección a un glaciar, con lo que habilitaría más de 40 proyectos mineros que afectarían a los “hielos eternos”.
El proyecto original, además, permitía a los gobiernos provinciales autorizar el desmonte de bosques protegidos, pero gracias a la presión ciudadana, fue borrado este acápite. La ley, sin embargo, restrige las capacidades de control del Gobierno consagradas a través de su desfinanciamiento y de la desorganización de la autoridad ambiental: hoy es solo una subsecretaría bajo la administración de la secreataría de Turismo (Scioli).
8.- Atentado a la cultura
“El Gobierno Nacional pretende, a través de la Ley Ómnibus, derogar leyes vitales para la supervivencia de las industrias culturales, las artes y las ciencias, y el patrimonio cultural de nuestro país”, aseguró un colectivo de más de 20 mil artistas- Charly García, Fito Páez y Ricardo Darín incluidos- con el objetivo de que no se avance en el “desfinanciamiento” del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), del Instituto Nacional de la Música (INAMU), del ente que congrega a las Bibliotecas Populares y también con no cerrar el Fondo Nacional de las Artes y del Instituto Nacional del Teatro al igual que el Instituto Nacional de la Música (INAMU).
9.-Depredación pesquera
La ley establace una licitación de las cuotas de pesca por 10 años, sin establacer, como deseaban los sindicatos y empresarios de este sector, una restricción explícita para la participación de capitales extranjeros en las licitaciones y/o en las operaciones de compra venta. Con ello, acusan, las grandes compañías extranjeras podrían depredar el recurso y condenar a las compañías nacionales a trabajar para ellos.
10.- Deuda y dependencia
El proyecto de ley elimina la referencia a la "transparencia en el manejo de la deuda pública", prevista en la gestión de la economía. Declara, además, como objetivo que la deuda sea "compatible" con el crecimiento económico. De esta forma, deja abierta la puerta para que el Ejecutivo sostenga nuevas deudas con organismos internacionales que condicionen el futuro del país, sin tener que pasar por el Congreso.
