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Policiales

Ordenaron liberar a los tres hombres que Bullrich acusó de terroristas

Bullrich

La Justicia ordenó liberar a los tres hombres que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, acusó de terroristas. Se trata de los sospechosos que supuestamente eran sirio-libanes y que venían a la Argentina para cometer un atentado. Sin embargo, la denuncia se cayó en el avance de la investigación por las inconsistencias en el caso.

La jueza María Eugenia Capuchetti declaró la falta de mérito para procesar o sobreseer a Naem Chatay Chassan, Juan Manuel Ledesma y Ramón Alberto Fernández. También ordenó que los tres sean liberados inmediatamente tras haber sido detenidos el 2 de enero por ser sospechosos "de planificar una acción terrorista en territorio argentino", según detalló el Ministerio de Seguridad.

“De momento, no se ha incorporado elemento de prueba que permita corroborar la hipótesis investigada y que formó parte de la imputación mencionada”, sostuvo la magistrada en la resolución a la que accedió Télam de fuentes de la investigación.

Los tres detenidos habían negado la imputación en sus respectivas declaraciones indagatorias. Uno había dicho ser profesor de ping-pong, otro peluquero y el tercero periodista free lance con actividad vinculada a la inteligencia.

En tanto, la magistrada también ordenó que Chassan, Ledesma y Fernández se presenten ante la Justicia entre el 1° y el 5 de cada mes, además de prohibir que salgan del país.

Las detenciones se habían producido luego de que el 28 de diciembre de 2023 un gendarme que se identificó bajo el apellido "Romero" llamó a la embajada de Israel para informar que un policía amigo, de origen colombiano, le había advertido que tres terroristas sirio-libaneses iban a ingresar al país el 30 de diciembre para perpetrar un ataque.

Justamente la información se hizo pública a través de Bullrich, que dio detalles del operativo sobre una supuesta célula terrorista que planeaba un atentado cerca de la Embajada de Israel.

Sin embargo, cuando la demanda llegó a la Justicia, se le preguntó al gendarme cuál era la fuente y se negó a hacerlo, algo que está obligado a hacer por ser funcionario público.

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