La Justicia suspendió los cambios laborales planteados en el mega DNU de Javier Milei, tras el planteo realizado por la CGT. Se trata del capítulo 4 del decreto de necesidad y urgencia que planteaba reformas que despertaron rechazo en la central obrera. Este es el primer freno que imponen los tribunales a los alcances del polémico decreto de necesidad y urgencia 70/2023.

Así lo resolvieron los jueces de la Sala de Feria de la Cámara del Trabajo, que resolvió frenar los tramos que aluden a las modificaciones laborales. Fue aprobado por mayoría de los jueces José Alejandro Sudera y Andrea García Vior, mientras que en disidencia, la jueza Dora González decía que el caso había que pasarlo a la Cámara Contencioso Administrativo Federal para que definiera qué fuero debe tramitar el expediente, como había dicho la fiscalía.

"Díctase una medida cautelar suspendiendo la aplicabilidad de lo dispuesto en el Titulo IV Trabajo del Decreto de Necesidad y Urgencia n.° 70/23 hasta tanto recaiga sentencia definitiva sobre la cuestión de fondo ventilada en estos actuados", decidieron los jueces en el marco del expediente inaugurado a partir de una presentación de la CGT.

Uno de los aspectos del DNU más cuestionados por la CGT contempla la ampliación del período de prueba hasta los 8 meses, la incorporación de los bloqueos o tomas de establecimientos como causa de despido y cambios en el sistema de indemnizaciones.

En la justificación por su decisión, el juez Sudera afirmó que al no haber fijado fecha de entrada en vigencia en el DNU original, "los propios considerandos de dicho DNU traducen -al menos en lo que respecta a la materia laboral- que no se evidenciaría objetivamente la ‘necesidad’ de adoptar tan numerosas medidas".

"Lo cierto y jurídicamente relevante es que no se avizorarían las que se alegan constituyan razones de ‘urgencia” para eludir la debida intervención del Poder Legislativo en lo que hace a la legislación de fondo, máxime cuando varias de las normas que el Poder Ejecutivo Nacional pretende modificar sin darle intervención a los legisladores tienen naturaleza represiva o sancionatoria", agregó el juez.