Finalmente, el gobierno llevó al Congreso el famoso proyecto de "Ley ómnibus" que se originó como un DNU. Entre otros puntos, habla sobre la suspensión de la fórmula de movilidad actual que actualiza tanto las jubilaciones como otras prestaciones sociales cada tres meses. Según esta nueva normativa, el Poder Ejecutivo podría aumentar por decreto hasta que surja un nuevo mecanismo de revisión establecido.

Guillermo Francos, ministro del Interior, le presentó formalmente esta tarde a Martín Ménem, presidente de la Cámara de Diputados, esta Ley Ómnibus que el gobierno llamó "Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los argentinos”. Concretamente el capítulo 10 es el que habla de la suspensión de la fórmula previsional vigente, en la parte que dice "movilidad de las prestaciones".

El artículo 106 suspende la aplicación del artículo 32 de la Ley 24.241 que establece la movilidad de los haberes por jubilaciones y pensiones, de la que también dependen, por ejemplo, la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo. Además, se suspende la vigencia para prestación básica universal, la compensatoria, el retiro por invalidez, por fallecimiento y por permanencia.

Este proyecto le da el poder al Gobierno a fijar una fórmula automática de ajuste “teniendo en cuenta los criterios de equidad y sustentabilidad económica”. “Hasta tanto se establezca una fórmula automática, el Poder ejecutivo nacional podrá realizar aumentos periódicos atendiendo prioritariamente a los beneficiarios de más bajos ingresos”, dice.

Hasta ahora, los ajustes se daban en un porcentaje de aumento trimestral, determinado según la variación de un índice que surge sumando 50% del aumento trimestral de la recaudación de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) por beneficiario y 50% de la variación de los salarios. En caso de conseguir la aprobación del Congreso, Javier Milei empezaría a establecer estos aumentos por decreto.