Twitter enfrenta otro conflicto más desde que Elon Musk se hizo con la empresa. En este caso, la Junta Nacional de Relaciones del Trabajo de Estados Unidos (NLRB, por sus siglas en inglés) inició acciones judiciales contra la compañía por haber despedido a una empleada ilegalmente, luego de que ésta manifestara una postura crítica de los manejos del empresario.
Según la NLRB, Elon Musk despidió ilegalmente y a modo de represalia a Yao Yue, una empleada que se mostró desafiante respecto de la política de vuelta a la presencialidad implementada por el empresario en Twitter.
Yao Yue es una ingeniera de software que fue separada de la empresa luego de que, el 10 de noviembre de 2022, el multimillonario ordenara a los trabajadores que regresaran a la oficina, directiva que acompañó del mensaje “si podés llegar físicamente a una oficina y no te presentás, se acepta la renuncia”.
A esta frase, Yue contestó con un tuit en el que escribió, dirigiéndose a sus compañeros de trabajo, “no renuncien, dejen que él los despida”. Tal comentario le valió por un despido a los pocos días, medida que, según argumenta la NLRB, viola la Ley Nacional de Relaciones Laborales de Estados Unidos.
Tal norma prohíbe castigar a los empleados por comunicarse y organizarse con otros trabajadores para asuntos vinculados con sus condiciones laborales, según precisó la agencia Reuters y conforme señalaron los denunciantes que defienden a Yao Yue.
Cabe recordar que, desde que completó su adquisición de Twitter por 44 mil millones de dólares en octubre del año pasado, Elon Musk eligió como uno de los principales actos inaugurales de su gestión en la empresa los despidos masivos, incluyendo la remoción del cargo de altos ejecutivos. De este modo, más de la mitad de los trabajadores de la ahora llamada X perdieron su trabajo bajo el argumento de una “reducción de costos”.
Con este antecedente, la empresa se enfrenta a una serie de demandas derivadas de esa ola de despidos, incluyendo también denuncias referidas a situaciones específicas de las mujeres y de trabajadores con discapacidad, o vinculadas con la falta de pago de la indemnización prometida a quienes fueron echados.
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