Este martes comienza el juicio oral y público contra los miembros de la Prefectura responsables del asesinato del joven mapuche Rafael Nahuel (22) el 25 de noviembre del 2017 en Río Negro, durante la persecución y represión en el territorio recuperado por la comunidad originaria de Villa Mascardi.
Los imputados por el crimen de Rafael Nahuel son cinco oficiales de la Prefectura Naval Argentina, miembros del grupo Albatros: el prefecto Sergio Cavia será inculpado de "homicidio agravado cometido en exceso de legítima defensa" y Francisco Javier Pintos, Juan Ramón Obregón, Carlos Valentín Sosa y Sergio García serán acusados de ser "partícipes necesarios" del asesinato.
En la causa es querellante Alejandro Nahuel, padre de Rafael y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que también se constituyó como querellante. El joven fue asesinado durante la represión y persecución en territorio recuperado por la comunidad originaria Lafken Winkul Mapu de Villa Mascardi.
La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación acusa a los prefectos de haber asesinado a Nahuel durante una persecución montaña arriba en la que los miembros de la fuerza dispararon decenas de municiones de plomo aunque los miembros de la comunidad a los que se buscaba desalojar ya habían abandonado el territorio bajo custodia.
El secretario Horacio Pietragalla Corti, que participó como querellante en 16 causas de violencia institucional, indicó, "decidimos ser parte porque es una causa emblemática de violencia institucional", en diálogo con Página 12. "El juicio es importante para buscar una condena ejemplar que fije un antecedente de lo que se puede y de lo que no se puede hacer en un Estado de derecho", agregó Pietragalla Corti.
La fiscalía, a cargo del juez Alejandro Silva, acusará a los prefectos de coautores de homicidio por exceso en la legítima defensa. La Secretaría de Derechos Humanos buscará probar que se trató de un homicidio calificado, dado que no hubo legítima defensa por parte de los prefectos ese día durante el desalojo de la comunidad mapuche en la localidad de Villa Mascardi.
La apertura del juicio, que comenzó este 15 de agosto, tuvo acompañamiento de los movimientos sociales, organizaciones de derechos humanos y miembros de las comunidades originarias. Las audiencias se desarrollarán los martes y miércoles hasta la sentencia, en ellas, está previsto que declaren 90 testigos, entre ellos, prefectos, policías, peritos y miembros de la comunidad mapuche.
