En El Salvador, por el gobierno de Nayib Bukele y el estado de excepción que él y su partido impusieron para enfrentar a las maras, hay más de 71.000 personas detenidas. Como resultado, tanto las cárceles como la Justicia están desbordadas. Por eso, el Parlamento de El Salvador aprobó reformas a la Ley contra el Crimen Organizado, aumentando las penas para los cabecillas de pandillas y habilitando la realización de juicios colectivos. Estas audiencias pueden acumular hasta 900 detenidos por vez, reemplazando los procesamientos individuales.

Esta peculiar decisión generó críticas de organismos de derechos humanos, ya que se calculó que hay hasta 5.490 "víctimas directas, inocentes" que quedaron encarceladas por las políticas del extravagante presidente salvadoreño.

De acuerdo a los diputados de Nuevas Ideas, el partido de Bukele, la medida le facilitaría a los jueces "dictar sentencia de forma más rápida a los criminales y evitar que miembros de estas estructuras delictivas salgan en libertad". La reforma, además, oficializa una práctica que ya se viene realizando en el país por la impresionante cantidad de detenciones.

Según denunció un grupo de expertos de Naciones Unidas, las audiencias iniciales, en las que se decide sobre la legalidad de un arresto, los cargos y la prisión preventiva, se realizaban en grupos de hasta 500 personas. Desde la ONU expresaron: "A los defensores públicos se les ha dado de tres a cuatro minutos para presentar los casos de 400 a 500 detenidos a la vez. También se ha informado sobre juicios masivos. Esos procesos son, a menudo, realizados de manera virtual, socavan el ejercicio del derecho a la defensa y la presunción de inocencia de los detenidos".

El régimen de excepción comenzó en marzo del 2022. En un principio, iba a durar un mes, y fue ampliado repetidamente. La política de Bukele logró neutralizar a las maras y, por lo tanto, le dio un impresionante empujón a la popularidad del presidente centroamericano. Los organismos de derechos humanos, mientras tanto, denuncian incontables violaciones de los derechos de las personas que son detenidas por el estado salvadoreño. Según Amnistía Internacional, hasta mayo de este año fallecieron al menos 132 personas bajo la custodia del estado.