La Cámara de Diputados lleva a cabo un plenario de dos comisiones este miércoles que busca encontrar consenso para un proyecto de ley que apañe la situación de los tomadores de créditos UVA.
El proyecto plantea que la cuota de los créditos para vivienda única Unidad de Valor Adquisitivo (UVA) no debe superar el 30% de los ingresos de los deudores. La convocatoria a la reunión surgió a partir de una decisión de la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, quien pidió a los titulares de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y la de Finanzas avanzar en una resolución.
Las comisiones debaten con el objetivo de dictaminar el proyecto de consenso en base a los 11 textos presentados por legisladores de diferentes bloques.
El dictamen se dará luego de "un trabajo en conjunto con asesores de todos los bloques para generar un proyecto de consenso y entendimiento en el que se tomaron en cuenta todas las iniciativas presentadas" y de reuniones que contaron con la presencia de funcionarios y tomadores de crédito afectados.
Al iniciar la reunión, Alicia Aparicio, presidenta de Finanzas, del Frente de Todos, recordó, "escuchamos distintas posiciones de tomadores de créditos, de los bancos para arribar a consensos que nos permitan una solución posible para llevar alivio a las familias de los tomadores de crédito. Esperamos que tenga el mayor apoyo posible, que nos permita llevar el tema al recinto", tras lo cual detalló los principales ejes.
El diputado de Evolución Radical, Martín Tetaz, anticipó que tiene "voluntad" de apoyar el dictamen de consenso y seguir trabajando en lograr un acuerdo, pero afirmó que, de no llegarse a uno, presentará un dictamen propio de minoría, al plantear que no es necesario la creación de un Fondo de Estabilización porque, señaló, "es un problema de los bancos", entre otras observaciones.
Antes, el diputado del Frente de Trabajadores de Izquierda, Nicolás del Caño, cuestionó que el texto contemple como condición "que a los tenedores de estos créditos se los obligue a renunciar a las acciones judiciales", algo que calificó como "una extorsión".
De qué se trata el proyecto
Entre otras cuestiones, el proyecto ofrecerá a los deudores con hipotecas otorgadas con cláusula de ajuste por Unidad de Valor Adquisitivo (UVA) y Unidades de Vivienda (UVI) un Sistema de Cobertura, mediante la implementación del cálculo de los saldos adeudados con ajuste mediante un Índice actualizable por Ripte (salarios).
En los meses que el Ripte se encuentre por arriba del IPC, pagarán siempre el Índice más bajo, en tanto que el cómputo será retroactivo al 1 de enero de este año. A través de esta iniciativa, se propone que, en el momento de ejercer la opción, la cuota a abonar no deberá superar el 30% de los ingresos de los deudores.
Quienes estén alcanzados por el impuesto a las Ganancias podrán deducir anualmente hasta tres salarios mínimos, mientras que los deudores podrán vender su propiedad y el crédito existente.
Además, el proyecto prevé que, en caso de que el deudor se encuentre en cese laboral, el Fondo se hará cargo de hasta tres cuotas.
El proyecto también establece la suspensión de juicios de desalojo, lanzamientos, embargos o cualquier tipo de medidas preventivas o cautelares en trámite sobre aquellas viviendas adquiridas, construidas o ampliadas por un año.
Por su parte, más de 47 mil usuarios, a través de la plataforma Change.org, firmaron en una campaña que reclama "un cambio en el modo de indexar las cuotas" y la aplicación de "un índice de incremento salarial como los nuevos créditos Procrear".
En la descripción del pedido indican que "los créditos UVA van avanzando tan rápidamente con la carga de interés que va a llegar un momento va a ser insostenible, aún así cuando el propio banco te prometa que el máximo de sueldo que puede tocar es del 35%, porque eso lo pasan al final de la cuota transformándose en una bola de nieve imposible de parar".
"La problemática en torno de los créditos UVA puede explicarse principalmente por la pérdida de poder adquisitivo del ingreso medio del deudor, debido a la erosión que la inflación genera sobre los salarios", plantean en el petitorio.
