La Inspección General de Justicia (IGJ) decidió intervenir judicialmente la fundación que preside Patricia Bullrich, el Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad (IEES). La resolución se tomó debido a que acusan a la IEES de haber "estructurado un sistema de ingresos y egresos destinado a financiar acciones de proselitismo político a través de seminarios, almuerzos y/o aportes".
En este sentido, la presidenta del PRO denunció al Gobierno por perseguir a su fundación y a ONG que no son afines al kirchnerismo. La abogada Silvina Martínez fue la encargada de presentar la acusación contra el titular de la IGJ, Ricardo Nissen.
La denuncia fue hecha hoy por los cargos de "violación a los deberes de funcionario público y abuso de autoridad" y también por "perseguir a entidades civiles que presiden dirigentes opositores, utilizando el poder del Estado".
Algunos días atrás, el IGJ compartió un dictamen en el que sostiene que la aspirante a presidenta usa al IEES para "el sostenimiento de su campaña electoral, en abierta violación a la ley de financiamiento de los partidos políticos”. Según el mismo, la fundación que preside Bullrich se dedicó "a financiar acciones de proselitismo político, en franca contradicción con el objeto social autorizado".
El comunicado sobre la denuncia de Bullrich
Silvina Martínez difundió un comunicado en el que remarca que permitir campañas de criminalización de entidades civiles por el solo hecho de estar asociadas a personas que no poseen la misma ideología que los miembros del poder ejecutivo es solo el principio. “Así comenzaron los regímenes dictatoriales en la región para luego detener en forma arbitraria a aquellos críticos del gobierno", aseveró la abogada.
No solo esto, sino que la denuncia de la representante legal de Bullrich señala que el Gobierno busca "controlar, restringir y potencialmente criminalizar y cerrar las ONG que no sean afines a la gestión kirchnerista”.
"No solo se difunden supuestas irregularidades en el funcionamiento de una entidad civil que preside Patricia Bullrich, sino que se persigue a las personas jurídicas y humanas que resultaron donantes de la entidad o bien asistieron a las distintas actividades que la entidad realizó. De esta forma se divulga información sobre el financiamiento de la entidad civil, violando los derechos de asociación y privacidad, criminalizando la actividad asociativa", concluyó la abogada Martínez en el comunicado.
