Transener, la empresa encargada del transporte de electricidad, publicó hace tres meses un informe en el que reportaba que estaba funcionando al límite por insuficiencia de ingresos para cubrir los costos del servicio. Los cortes masivos de luz comenzados este miércoles dieron un nuevo impulso al debate sobre la administración de la energía eléctrica de parte del Estado.
Transener es la concesionaria del servicio público de transporte de energía de alta tensión, responsable de la operación directa del 85% de la red y de la supervisión del 15% restante en todo el país. El 30 de noviembre de 2022 la empresa publicó un informe sobre su “situación actual” detallando que ya desde entonces tenía dificultades para mantener el buen funcionamiento del servicio. La insuficiencia de inversiones estatales es uno de los motivos más señalados para los cortes de luz masivos de esta semana.
Tras indicar que los dividendos no se pagan “desde agosto 2019 a la fecha” y que las inversiones “necesarias para sostener la operación de la compañía” se redujeron en un 66% desde 2020 hasta la fecha del informe, la empresa apuntó al costo de la factura como parte fundamental del problema.
La concesionaria advirtió que el nivel de las tarifas conduciría al quiebre de caja en enero de 2023.
En concreto, Transener reportó que “la brecha entre la Tarifa y los costos es de 312%”. Esta distancia, evaluaron, “es generada por la falta de actualización tarifaria y los desvíos de las variables macroeconómicas reales respecto de las definidas por el ENRE para las proyecciones”.
Para la concesionaria la solución radica en aumentar la tarifa del servicio: “La situación requiere la sanción de una tarifa suficiente más un mecanismo de ajuste trimestral que garantice el valor de la misma en el tiempo, evitando el impacto negativo en las inversiones”. Dicho esto, alertaron que “el actual nivel de tarifa y los requerimientos de pagos para la Operación en el corto plazo implican el quiebre de caja en enero 2023”.
En conclusión, propusieron un incremento de las tarifas de luz, que, según aseguraron, tendría un impacto “mínimo” para los consumidores: en promedio, el aumento propuesto era “menor a $16 por factura en el AMBA y menor a $40 por factura en el resto del país”.
