El presidente Alberto Fernández firmó una carta junto al Grupo de Puebla, suscrita también por otros 29 líderes iberoamericanos, en la que reclama que el Poder Judicial chileno está incurriendo en un nuevo caso de persecución política o lawfare contra el excandidato presidencial chileno Marco Enríquez Ominami.
La misiva alerta ante la suspensión ad hoc de un juicio que se tramita desde hace 8 años contra Enríquez Ominami por delitos tributarios en el financiamiento de sus campañas electorales, ligadas a la principal empresa explotadora de litio chileno, la otrora estatal SQM.
La suspensión del juicio fue concedida por el juzgado a “fiscales con dedicación exclusiva, y con gran apoyo mediático y financiero”, “ligados directamente al expresidente de derecha Sebastián Piñera”, para mantener la posibilidad de proscribir a Enríquez Ominami en el futuro.
“Acusar y no haber permitido el juicio por 8 años, es una inadmisible forma de perseguir un liderazgo”, dice la carta que fue firmada por otros líderes del Grupo Puebla -como Evo Morales y Rafael Correa-, pero por ningún presidente en ejercicio. Andrés Manuel López Obrador, por ejemplo, se abstuvo.
Acusar y no haber permitido el juicio por 8 años, es una inadmisible forma de perseguir un liderazgo
Como era de esperarse, la oposición chilena criticó duramente a Fernández y lo acusó de intervenir en asuntos internos de un poder soberano de ese país.
El Senador pinochetista Iván Moreira apuró al Gobierno de Gabriel Boric para que pidiera explicaciones por lo que considera un acto de injerencia. “Espero que el presidente y la canciller, quienes conducen la política exterior, pidan explicaciones al gobierno argentino”, dijo Moreira.
Ante la presión opositora, la canciller chilena Antonia Urrejola dejó entrever el malestar por la maniobra de Alberto Fernández, pero puso paños fríos al asunto. “Lo primero que hice fue conversar con el embajador Bielsa sobre este tema, y también hablar con el ministro de Justicia, y tal como lo señaló el ministro de Justicia, nos parece que las declaraciones de esa carta son absolutamente improcedentes" porque “el Gobierno no solo respeta, sino que protege la autonomía del Poder Judicial”, dijo.
Urrejola, sin embargo, descartó que la firma del jefe de Estado Argentino vaya a tener algún efecto en las relaciones entre ambos países. “Me parece que estas son situaciones que son puntuales, que no afectan la relación con Argentina, que es una relación que está muy robusta. No afecta la relación bilateral. Las relaciones bilaterales son mucho más que estos eventos de los que estamos conversando”, dijo.
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