El presidente Alberto Fernández respondió a la carta que le había enviado el procurador interino Eduardo Casal, donde planteaba que sus dichos sobre los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola fueron “una clara perturbación en el ejercicio de sus funciones”.
En primer lugar, el mandatario aseguró que sus declaraciones no podrían ser interpretadas como un condicionamiento de ningún tipo porque fueron realizadas "cuando el Fiscal de la causa ya había finalizado su alegato en el proceso". Sin embargo, y más allá de ese caso puntual, aclaró que ningún funcionario del Poder Judicial puede estar "exento de críticas y opiniones en una sociedad democrática".
Es importante que las opiniones que alertan sobre los peligros que pueden acechar a las democracias sean formuladas a tiempo y en forma pública.
En este sentido, comparó la situación judicial de Cristina Kirchner con la vivida por Lula Da Silva en Brasil. "Aquel proceso penal fue en verdad una persecución judicial, mediática y política que tuvo como finalidad impedir que Lula fuera candidato a presidente", afirmó Fernández.
Por lo tanto, "resulta de suma importancia que las opiniones que alertan sobre los peligros que pueden acechar a las democracias sean formuladas a tiempo y en forma pública, porque el Estado de derecho no exime de críticas a los miembros del Poder Judicial". De esta manera, defendió sus declaraciones bajo "el marco del derecho a la libertad de expresión".
La "doble vara" de la Justicia
"Muchos magistrados y funcionarios de la justicia federal prestan más atención a determinados intereses fácticos y/o políticos, que a las normas vigentes. Esta situación hiere a la democracia", continuó Fernández en su carta. En este punto, el presidente cuestionó la "doble vara para medir hechos institucionales” de Casal.
Así, recordó que el ex presidente Mauricio Macri recibió al policía imputado Luis Chocobar en pleno proceso penal sin que Casal "expresara preocupación". En la misma línea subrayó que al Procurador tampoco le llamó la atención cuando Macri "instruyó a su Ministro de Justicia para que iniciara juicio político al juez Alejo Ramos Padilla" y criticaba públicamente su "falta de ecuanimidad".
Muchos funcionarios de la justicia federal prestan más atención a intereses fácticos y/o políticos, que a las normas vigentes.
"En este caso no se trataba simplemente de la opinión del ex presidente, sino de un pedido expreso de destitución de un juez que recién comenzaba una importante investigación sobre graves acciones de espionaje ilegal", agregó.
Con ironía, Fernández señaló que el celo que mostró Casal en su carta "hubiera sido importante que se plasmara también en investigar" las visitas de destacados miembros del Poder Judicial a la quinta de Olivos y Casa Rosada, además del rol que tuvo "el prófugo 'Pepín' Rodríguez Simón y otros ex funcionarios en la llamada 'Mesa Judicial'" del gobierno de Macri.
"Esta doble vara para medir hechos institucionales y esta sistemática asimetría en las posturas adoptadas por parte de algunos importantes magistrados (...) tornan aún más necesario que se abran estos debates para cuidar la salud de la democracia". "Nadie exige que se compartan esas opiniones, pero sí que puedan expresarse con libertad", concluyó.
