Una mujer de San Juan está embarazada de 12 semanas y solo le quedan dos para que pueda practicarse la Interrupción voluntaria del Embarazo (IVE), ya que según la normativa, las personas gestantes pueden realizarse un aborto hasta las 14 semanas de gestación. Sin embargo, su expareja recurrió a la Justicia para impedir que suceda: “Sé de los derechos de quien era mi pareja, pero solo le pido que lo tenga y que me lo dé, yo no le voy a hacer faltar nada”, dijo el hombre.
Solo le pido que lo tenga y que me lo dé, yo no le voy a hacer faltar nada".
Amparada por la ley de interrupción voluntaria del embarazo, una mujer de la cual se preserva su identidad, solicitó a su obra social que le practiquen un aborto en una clínica privada. Su expareja no está de acuerdo con su decisión y por eso recurrió a la Justicia para que intervenga y el bebé nazca. La resolución del caso podría sentar un precedente en la provincia.
Según consignó el Diario sanjuanino Huarpe, la pareja se habría distanciado por las discrepancias entre ambos al ella expresar su voluntad de ejercer el derecho al aborto legal, seguro y gratuito.
El hombre consideró que ahora “todo se focaliza en los derechos de la mujer” y anticipó que acudió a la Justicia para intentar resolver el conflicto. “Ahora espero que por favor entiendan que solo quiero darle la posibilidad de vivir a mi hijo”, auguró.
Los abogados Mónica Lobos y Martín Zuleta están a cargo de la defensa del padre, según lo informado por el Diario Huarpe, detalló que ayer los letrados presentaron una medida cautelar en el Juzgado de Familia para que se “proteja el embarazo” hasta que se resuelva la cuestión de fondo.
“Acá nos encontramos ante una vulneración de derechos: el derecho a la vida, el derecho a nacer, el derecho de igualdad, el derecho a ejercer la responsabilidad parental cuidando y protegiendo a su hijo, que se encuentra amenazado de muerte”, explicó la letrada y pidió que las obras sociales y cualquier otra entidad pública o privada se abstengan de realizar el aborto.
De acuerdo a la norma sancionada por el Congreso Nacional el año pasado, una persona gestante puede interrumpir su embarazo hasta la semana 14 y el establecimiento médico debe responder su solicitud en un plazo no mayor a diez días.
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