La Corte Suprema recibió el pedido de tres entidades empresariales para que reduzca las tasas de interés que se toman en consideración para estimar el costo de los juicios laborales. Con esto buscarán que se revea la decisión de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo (CNAT) porteña.
En ese sentido, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la Sociedad Rural Argentina (SRA) y la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro) señalaron: "Nos presentamos ante la Corte Suprema y CNAT para solicitar nuevamente la reducción de la tasa de interés aplicable para créditos laborales en la Justicia Nacional del Trabajo".
Cabe recordar que el primer reclamo se hizo en julio de 2023. Esta vez, la presentación se realizó después de que la Cámara Laboral resolviera hace dos meses limitar el cálculo de las indemnizaciones en todas las causas judiciales, al establecer que tiene que aplicarse como actualización el Índice Coeficiente de Estabilización de Referencia más un 6%.
La decisión del tribunal recogió la nueva jurisprudencia de la Corte, que dejó sin efecto la aplicación de un acta que permitía, de manera excepcional, calcular intereses sobre intereses, lo que llevaba la actualización del capital de las indemnizaciones a una cifra desproporcionada.
Aquella vez Corte Suprema dictó este fallo a partir de la causa Oliva, donde el cálculo anterior incrementó la indemnización por despido en un 7700%. Esa manera de indexar los intereses se estableció en el acta 2.764 de la Cámara Laboral. Sin embargo, ahora esta se dejó sin efecto. De todos modos, según la presentación, se creó el acta 2.783, que mantiene las distorsiones.
Respecto a esto, el texto que firmaron los representantes de los empresarios indica: "La fórmula diseñada, lejos de constituir una solución a la problemática que se intentó resolver, ocasiona una afectación de enorme relevancia, comprometiendo seria, injusta y desproporcionadamente a las empresas y por cuyas consecuencias se solicita su intervención".
Si tenemos en cuenta el escrito original, CAME, SRA y Coninagro habían manifestado que la decisión de la CNAT porteña generaba una distorsión, esta vez muchísimo más grave, injusta e inequitativa, en perjuicio de los empleadores.
Finalmente concluían: "Produce mayor desempleo, ya que difícilmente y, especialmente, las pequeñas y medianas empresas se animen a emplear ante la posibilidad de que una eventualidad laboral tenga un costo muy superior al del negocio en sí mismo".
