Según una resolución del Gobierno, durante los próximos días, los afiliados de siete prepagas van a empezar a recibir las facturas con descuentos en relación a los importes cobrados el último mes. Todavía queda revisar el capítulo más conflictivo: el que abarca a 23 prepagas en un amparo presentado por la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) que busca que las empresas devuelvan lo que le cobraron "de más" a los usuarios estos últimos meses. En ese sentido, tres prepagas presentaron algunas excusas ante la Justicia para no devolver el monto que corresponde.
Según publicó el diario Clarín, el intento de al menos tres prepagas -Swiss Medical, Sancos Salud y Medicus- es que la causa judicial que inició el Gobierno no llegue a una resolución. Dicen que podría haber inconsistencias que la jueza Mercedes Maquieira debería tomar en cuenta antes de dictar una cautelar.
Si bien la Justicia todavía no le pidió a las empresas que participen en la causa, estas se presentaron de manera espontánea para intentar tener algún tipo de influencia sobre la jueza y evitar que ordene la devolución del dinero a sus usuarios, que desde diciembre vienen cobrando por encima de la inflación.
Para eso, pretenden demostrar que la SSS no tiene legitimidad para poder tomar acciones judiciales en este caso por una supuesta "cartelización". Sostienen que el Gobierno debió haber iniciado la demanda en la Secretaría de Industria y Comercio, que depende del Ministerio de Economía. Esta entidad ordenó el pasado 17 de abril una resolución para retrotraer el precio de las cuotas a diciembre y actualizarlas al día de hoy según IPC.
Las presentaciones de estas tres empresas se hicieron con un día de diferencia pero tienen el mismo argumento: descalificar a la SSS como litigante. El abogado de Sancor Salud, Raúl Ferreyra García, dice que "en este expediente no existe legitimación activa del demandante (…) por ello, además de la inexistencia de controversia o perjuicio -lisa y llanamente- no hay caso o controversia judicial”. Y el escrito agrega: “La demanda no ha definido ningún interés propio de la repartición pública que se encuentre afectado de manera actual y concreta. Se trata de referencias genéricas donde se omite toda probanza o referencia del caso concreto, siendo sus argumentaciones en torno al presunto perjuicio meramente conjeturales”.
Además, le piden a la jueza advertir que la parte actora busca que “la Justicia dicte una norma general con alcance para todas las empresas, que limite aquello que el DNU 70/2023 y su reglamentario 171/2024 establecieron. Esto es, que elípticamente y de modo solapado se intenta obtener de la Justicia la modificación de aquello establecido por la ley y con alcance general”.
En conexión con el escrito de Swiss Medical, Sancor introduce un argumento sobre una supuesta falta de legitimidad. Cree que la SSS no tiene “legitimación activa (...) en primer lugar, por la propia letra del DNU 70, donde se la excluye de toda injerencia en la determinación de las cuotas de los planes de salud (…) Por eso mal puede venir a peticionar que se limiten los precios de los planes”.
El abogado representante de Swiss Medical, Andrés Aznar, presentó un escrito en dos partes. Por un lado busca justificar los aumentos de las cuotas y por otro, descalifica a la Superintendencia como litigante (al igual que Sancor). Para hacerlo, se basa en las cautelares presentadas por los clientes y le dice a la jueza que el 1° de febrero pasado solicitó "en forma urgente un pronunciamiento de la Superintendencia” sobre el caso para seguir “publicando mes a mes el índice de costos de salud” creado en 2022.
Swiss Medical argumenta que hubo "un giro dramático" y señala: “La Superintendencia que fue debidamente anoticiada de los aumentos y que parecía no importarle verificar o analizar la razonabilidad de los mismos, ahora se constituye como representante de los afiliados y demanda a las empresas de medicina privada”.
